En pleno debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil, la Iglesia Católica difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que expresa su rechazo al proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad.
El pronunciamiento retoma planteos ya realizados en documentos previos y sostiene que los aportes de organizaciones sociales, especialistas y organismos vinculados a la niñez no fueron incorporados en el dictamen que avanza en el Congreso.
Desde la institución advierten que bajar la edad no reduce el delito y que el debate se está desarrollando en un contexto atravesado por la conmoción social, lo que —afirman— impide un análisis estructural y profundo del problema.
Uno de los ejes centrales del planteo es la falta de condiciones materiales y presupuestarias para implementar un régimen penal juvenil que garantice tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral y abordajes en salud mental y consumos problemáticos.
También remarcan que la legislación vigente reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos en desarrollo, con capacidades progresivas, y subrayan que la evidencia científica cuestiona equiparar su responsabilidad penal a la de los adultos.
Para los menores de 16 años en situación de conflicto con la ley, proponen que la intervención esté a cargo del sistema de protección de derechos y los Juzgados de Familia, priorizando medidas socioeducativas antes que respuestas punitivas.
En el caso de adolescentes mayores de 16 que cometan delitos graves, sugieren fortalecer esquemas de Justicia Restaurativa, orientados a la reparación del daño y a disminuir la reincidencia.
El documento también plantea reparos jurídicos y sostiene que la reducción de la edad de imputabilidad podría entrar en tensión con tratados internacionales de derechos humanos y con la normativa nacional de protección integral.
En cuanto a los datos, se señala que la participación de jóvenes de entre 12 y 17 años en procesos penales representa apenas el 0,42 %, y que cerca del 80 % de los hechos atribuidos a ese grupo etario corresponden a delitos contra la propiedad.
Además, comparan cifras regionales y destacan que los países con edades mínimas más bajas registran tasas de homicidio más elevadas, mientras que Argentina, con una edad mínima de 16 años, mantiene uno de los índices más bajos de la región.
Finalmente, la Iglesia sostiene que la respuesta frente al delito juvenil debe ser integral y preventiva, con mayor inversión en educación, salud mental, acompañamiento familiar y políticas públicas de inclusión, y advierte sobre el riesgo de estigmatizar a adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
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