La convocatoria fue impulsada por gremios como ATE, la UOM, los Aceiteros y sindicatos aeronáuticos, junto a más de un centenar de organizaciones nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos.
La modalidad prevista contempla un cese de actividades por 24 horas y una jornada adicional de movilización, en coincidencia con la definición legislativa de la reforma.
Desde esos sectores sostienen que la iniciativa implica una pérdida de derechos laborales y una reconfiguración regresiva del sistema de protección al trabajo.
En paralelo, la CGT adoptó una postura más cautelosa. La central obrera anunció que analizará sus próximos pasos tras el tratamiento en el Senado y, por el momento, descartó convocar a un paro o movilización en la jornada clave.
La decisión dejó en evidencia diferencias internas sobre la estrategia a seguir y abrió interrogantes sobre el nivel de unidad del sindicalismo frente al avance oficial.
El clima de conflictividad también se trasladó al ámbito judicial. Trabajadores del fuero laboral nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación realizaron una toma del edificio de la Justicia Nacional del Trabajo y paralizaron actividades por 48 horas.
El eje del reclamo es la transferencia progresiva de competencias a la órbita de la Justicia porteña contemplada en la reforma. Según advierten, el rediseño dejaría al fuero nacional en una condición residual, limitado a causas ya iniciadas, mientras que las nuevas demandas ingresarían directamente en la estructura de la Ciudad.
El personal denuncia que no existen garantías sobre la continuidad laboral y alerta sobre cientos de puestos en riesgo.
Desde el gremio judicial sostienen que la modificación altera la arquitectura histórica de la justicia del trabajo y compromete el principio protectorio consagrado en la Constitución.
La discusión excede lo administrativo y se inscribe en una disputa más profunda sobre el alcance de los derechos laborales en el esquema que impulsa el Gobierno.
El escenario suma además tensiones políticas. Dirigentes sindicales cuestionaron el rol de gobernadores y legisladores que acompañaron la iniciativa, mientras que sectores opositores denunciaron una precarización encubierta.
En el oficialismo, en cambio, defienden la reforma como un paso necesario para modernizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad.
Con el Congreso como epicentro, la calle vuelve a ganar protagonismo. El paro de 36 horas anticipa un ciclo de mayor confrontación y expone un mapa sindical con matices, donde conviven posiciones de confrontación directa con estrategias más expectantes.
La reforma laboral no solo redefine reglas de contratación y despido: volvió a colocar al movimiento obrero en el centro de la escena política argentina.