El Senado de la Nación sancionó la ley que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad en la Argentina.
La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, y representa uno de los cambios más profundos en materia penal de las últimas décadas.
Con esta modificación, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente por delitos graves.
El texto aprobado contempla penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión y prevé instancias alternativas y medidas diferenciadas para infracciones de menor entidad, bajo un esquema que, según sus impulsores, busca combinar sanción y reinserción.
La votación se dio en el tramo final del período de sesiones extraordinarias y en un contexto de fuerte tensión política y social.
En las inmediaciones del Congreso se registraron manifestaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos que cuestionaron la reforma y advirtieron sobre sus posibles consecuencias.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta necesaria para dar respuesta a delitos graves cometidos por menores y actualizar una legislación que consideraban desfasada.
En cambio, sectores de la oposición y especialistas en niñez expresaron reparos sobre la baja de la edad de imputabilidad y plantearon que el debate debería centrarse en políticas de prevención, inclusión y fortalecimiento del sistema de protección de derechos.
La aprobación en la Cámara alta completa el recorrido parlamentario del proyecto, que ya había obtenido media sanción en Diputados.
Con la promulgación pendiente, la Argentina inicia una nueva etapa en su régimen penal juvenil, en medio de un debate que sigue abierto en la sociedad.
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