La Cámara de Diputados avanzó esta semana con la media sanción al proyecto del gobierno de Javier Milei para recortar el régimen de Zona Fría y lo hizo con un dato político imposible de disimular: 132 votos afirmativos frente a 105 negativos y 4 abstenciones. No fue solamente una discusión técnica sobre subsidios energéticos.
Fue una definición ideológica profunda acerca de quién puede calefaccionarse en la Argentina y quién deberá resignar derechos básicos para sobrevivir el invierno. Detrás del discurso del “orden fiscal”, el oficialismo construye un nuevo mapa social donde el acceso al gas deja de ser una política federal para convertirse en una mercancía condicionada por el ingreso.
Un golpe directo al interior profundo
El impacto no se concentra únicamente en la Patagonia. El régimen de Zona Fría había ampliado en los últimos años la cobertura hacia provincias del centro y norte argentino donde las bajas temperaturas también castigan con dureza, especialmente a sectores populares, jubilados y trabajadores precarizados. Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, parte de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos quedaron incorporadas porque el frío no responde a relatos libertarios sino a realidades climáticas concretas. En muchas ciudades del interior, el gas representa una porción cada vez más asfixiante del salario y la quita parcial de subsidios podría traducirse en facturas imposibles de pagar para miles de familias.
La paradoja de las provincias que producen energía
Uno de los discursos más contundentes de la sesión fue el de Miguel Ángel Pichetto, quien recordó una contradicción estructural del modelo económico actual: las provincias que producen gas y petróleo son las mismas a las que ahora se les pretende retirar protección tarifaria. La Patagonia genera buena parte de la energía que sostiene al país, pero el gobierno nacional impulsa un esquema donde sus habitantes deberán pagar tarifas cada vez más cercanas a valores internacionales. El mensaje político es brutal: los recursos naturales siguen siendo estratégicos, pero las comunidades que viven sobre ellos dejaron de ser prioridad.
El ajuste llega al hogar más vulnerable
Mientras el oficialismo habla de eficiencia, la realidad social muestra otra cosa. La caída del poder adquisitivo, el aumento sostenido de alimentos, alquileres y medicamentos y el deterioro del empleo formal generan un escenario donde el tarifazo no aparece como una variable aislada sino como parte de un modelo de expulsión social más amplio. La advertencia de Romina Del Plá sobre un “tarifazo enorme” no parece exagerada cuando millones de argentinos ya deben elegir entre comer mejor o calefaccionarse. En los barrios populares, el invierno no se mide en grados sino en posibilidades concretas de atravesar la noche sin enfermarse.
Los votos también dibujan un mapa político
La media sanción expuso además el nuevo alineamiento parlamentario argentino. El gobierno libertario consiguió respaldo del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, bloques provinciales y espacios que durante años construyeron discursos de defensa federal. Del otro lado quedaron Unión por la Patria, la izquierda y algunos referentes federales que interpretan que el proyecto consolida un país cada vez más desigual entre regiones y clases sociales. La discusión ya no pasa solamente por subsidios: lo que se debate es si el Estado debe amortiguar las desigualdades territoriales o abandonarlas definitivamente a la lógica del mercado.
Un modelo de país donde todo se vuelve negocio
La votación sobre Zona Fría no ocurrió aislada. En la misma jornada avanzó también la llamada “Ley Hojarasca”, orientada a derogar decenas de normas vinculadas a salud pública, producción nacional y regulación estatal. El hilo conductor aparece con claridad: desmontar mecanismos de protección social bajo la idea de que cualquier intervención estatal es un obstáculo económico. Pero cuando el mercado reemplaza completamente al Estado, los sectores más débiles quedan librados a una competencia desigual donde el acceso a derechos esenciales depende exclusivamente del bolsillo.
El invierno como frontera social
La Argentina atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. El frío, la energía, la salud y hasta la vivienda empiezan a redefinirse como bienes individuales y no como derechos colectivos. En ese contexto, la media sanción sobre Zona Fría funciona como una señal política contundente: el ajuste ya no se presenta como emergencia transitoria sino como núcleo permanente del modelo de gobierno. Y mientras los números fiscales son celebrados en los despachos oficiales, en gran parte del país comienza a instalarse otra cuenta mucho más concreta y dolorosa: cuántas familias podrán calefaccionarse este invierno y cuántas quedarán otra vez del lado de afuera.
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