Esta semana el Senado argentino rechazó el veto presidencial y ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que extiende su vigencia hasta diciembre de 2026. La norma introduce cambios clave en pensiones y prestaciones para personas con discapacidad.
Entre las medidas más relevantes, se destacan: el aumento de las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo jubilatorio, la actualización de prestaciones para compensar la inflación desde 2023, el pago de deudas y la actualización mensual de aranceles a prestadores de salud, y la posibilidad de que los beneficiarios puedan trabajar hasta dos salarios mínimos sin perder el beneficio.
Asimismo, la ley busca fomentar la inclusión laboral con una exención del 50% en contribuciones patronales para empleadores de personas con discapacidad durante tres años.
El costo fiscal de la medida se estima entre 1.889 y 3.627 millones de pesos, según la cantidad de nuevos beneficiarios. La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría para garantizar transparencia en la implementación.
Pese a que el Gobierno podría recurrir a la Justicia, la aprobación de la ley fue celebrada por organizaciones y defensores de los derechos de las personas con discapacidad.