En una jornada decisiva, el Senado de la Nación rechazó los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: una que establece el financiamiento universitario para las universidades públicas nacionales, y otra que declara la emergencia sanitaria pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema.
El resultado significó una derrota política para el Poder Ejecutivo: la Cámara Alta insistió en ambas normas mediante mayoría calificada, obligando al gobierno a promulgarlas. El episodio revela mucho más que una disputa legislativa: pone en tensión los derechos sociales fundamentales —educación y salud pública— frente a la lógica del ajuste fiscal, y deja planteadas preguntas sobre el rol del Estado y los límites del poder presidencial.
En el caso universitario, desde 2024 se observa un marcado deterioro del presupuesto en términos reales. La inversión cayó más de un 22 por ciento y en 2025 se proyecta otro retroceso. El presupuesto universitario se redujo a representar apenas el 0,5 por ciento del PBI, el nivel más bajo desde 2005. Para recomponer esa situación, el Congreso aprobó una ley de financiamiento que garantizaba salarios, funcionamiento y expansión de la oferta académica. Milei la vetó argumentando que atentaba contra el déficit cero.
Respecto al Garrahan, se había sancionado una ley de emergencia pediátrica para atender la falta de insumos, personal y recursos en hospitales de alta complejidad. El Ejecutivo también la vetó alegando gasto no previsto.
El debate en la Cámara Alta fue intenso y se extendió por más de seis horas. El rechazo al veto universitario se aprobó con 58 votos a favor y solo 7 en contra. La emergencia pediátrica obtuvo 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. La oposición logró reunir los dos tercios necesarios para insistir en ambas leyes y dejar sin efecto los vetos.
Senadores oficialistas defendieron la postura del Presidente con argumentos fiscales y críticas a las universidades. La oposición replicó que la educación y la salud son derechos constitucionales y advirtió que si el Ejecutivo no cumpliera con lo aprobado incurriría en incumplimiento de deberes.
En el sector universitario, docentes y estudiantes celebraron el resultado. Hubo paros y movilizaciones en distintas ciudades reclamando presupuesto para sostener la educación pública. En el ámbito de la salud, trabajadores del Garrahan y familias de pacientes destacaron la votación como un triunfo simbólico, aunque advirtieron que la clave será la ejecución real de los fondos.
En el plano político, el Gobierno sumó una nueva derrota parlamentaria. Desde el oficialismo insistieron en que no hay recursos para todo y que el ajuste es inevitable. La oposición reafirmó que la prioridad no puede ser el equilibrio fiscal a costa de los derechos esenciales.
El episodio reafirma el equilibrio de poderes y marca un precedente: el Congreso puede frenar la discrecionalidad presidencial cuando están en juego derechos sociales. También muestra el empoderamiento de la comunidad universitaria y sanitaria, que logró incidir con movilización y presión social.
El desafío ahora es que las leyes no queden en letra muerta. La ejecución efectiva de los recursos será clave para que universidades y hospitales puedan recuperar condiciones mínimas de funcionamiento.
El rechazo del Senado a los vetos presidenciales sobre la universidad pública y el Garrahan no es solo una victoria parlamentaria: es una reafirmación del rol del Estado en la garantía de derechos sociales básicos. La educación y la salud son líneas rojas que la sociedad no está dispuesta a entregar en nombre del ajuste fiscal.