La provincia de Buenos Aires dio un paso histórico: se convirtió en la primera jurisdicción argentina en establecer un marco normativo obligatorio para regir el desarrollo, la contratación y el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en todos los organismos de su administración pública.
La medida se concreta a través de la Resolución 9/2025, emitida por la Subsecretaría de Gobierno Digital y publicada en el Boletín Oficial. El texto define estándares mínimos para la implementación de IA, asegurando que se utilice con transparencia, seguridad y respeto por los derechos fundamentales.
Entre los principios rectores del nuevo marco se destacan la neutralidad tecnológica, la centralidad de la persona, la privacidad, la trazabilidad y la responsabilidad. Además, se exige proteger las bases de datos oficiales frente a accesos indebidos o filtraciones.
La regulación introduce una clasificación por niveles de riesgo para los sistemas de IA:
- Los considerados “inaceptables”, como aquellos que manipulan conductas humanas o perfilan socialmente, estarán directamente prohibidos.
- Los de alto riesgo (por ejemplo, IA de reconocimiento biométrico o vinculada a infraestructura crítica o justicia) deberán someterse a evaluaciones rigurosas de impacto.
- Los de riesgo limitado o nulo tendrán exigencias más moderadas, aunque también deberán demostrar un uso razonable.
Además, los organismos públicos deben informar a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automáticos y registrar todos los desarrollos en un Registro Provincial de Inteligencia Artificial, administrado por la Dirección Provincial de Innovación Digital.
Expertos m coinciden en que esta normativa no solo marca un estándar local, sino que podría impulsar a otras provincias y al Congreso a avanzar en regulaciones propias sobre IA.
Esta iniciativa se inserta en un contexto más amplio de reflexión tecnológica en Buenos Aires.
La Subsecretaría de Gobierno Digital organizó jornadas de trabajo sobre IA con la participación de especialistas locales e internacionales, lo que refleja el interés provincial por promover un uso ético y soberano de estas herramientas.