El Gobierno volvió a fijar por decreto el salario mínimo tras otro fracaso del Consejo del Salario, sin acuerdo con gremios ni empresarios. La suba vuelve a quedar por debajo de la inflación y profundiza el deterioro del poder de compra acumulado desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
En diciembre, el piso salarial sube apenas 6.000 pesos: un ajuste que deja a la Argentina en el último lugar de la región y con valores incluso inferiores a los de 2001. La CGT lo calificó como “insuficiente y alejado de la realidad”.
La Resolución 9/2025 establece incrementos escalonados hasta agosto de 2026: de 322.200 pesos en octubre pasa a 334.800 en diciembre y llegará a 376.600 el próximo agosto.
El aumento total del período será de apenas 16,8%. También actualiza el valor por hora y la prestación por desempleo, que seguirá atada a un salario mínimo que no acompaña la inflación.
En términos reales, el deterioro es profundo: entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, la caída acumulada fue del 35%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA–CONICET). Medido en dólares, Argentina quedó en el puesto 15 de la región, muy lejos del podio que ocupó hace poco más de una década.
La CGT rechazó la decisión por considerar que consolida un salario mínimo que ni se acerca a la Canasta Básica Total, hoy en más de 1,1 millón de pesos.
Los sindicatos habían pedido una recomposición del 71%, mientras que el sector empresario ofreció apenas unos miles de pesos de aumento. El Gobierno terminó avalando la postura patronal.
Desde el ámbito político también hubo críticas. Para Carlos Castagneto, el Ejecutivo “impuso” un esquema que deja al salario mínimo en su valor real más bajo en tres décadas, con más del 60% de pérdida desde 2023. Técnicos como Hernán Letcher (CEPA) remarcaron que el aumento mensual rondará el 1,1%, por debajo incluso de las proyecciones inflacionarias.
El nuevo piso salarial, fijado sin consenso y con impacto directo en planes sociales, jubilaciones mínimas y programas que usan esta referencia, vuelve a mostrar la distancia entre los precios y las decisiones oficiales.
Con aumentos que no logran frenar el derrumbe del poder adquisitivo, el deterioro social sigue en ascenso y presiona sobre los indicadores de pobreza para los próximos meses.