La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al próximo año, en el marco de una extensa sesión extraordinaria que concentró la atención política y económica en el cierre del período parlamentario. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo ciento treinta y dos votos afirmativos, noventa y siete negativos y diecinueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
La sesión, convocada para las catorce horas, estuvo marcada por un debate intenso y por la decisión del oficialismo de avanzar con una votación por capítulos en lugar de analizar el proyecto artículo por artículo. Esta estrategia legislativa profundizó las diferencias entre los bloques y permitió avanzar con la aprobación general de la norma sin someter a votación individual algunos puntos especialmente cuestionados.
El Presupuesto contiene proyecciones económicas centrales para la planificación del próximo año. El texto prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del cinco por ciento, una inflación anual estimada en poco más del diez por ciento y un superávit fiscal equivalente a uno coma cinco puntos del PBI. Además del marco macroeconómico, incorpora disposiciones tributarias como la prórroga de exenciones impositivas para el sector de energías renovables y beneficios fiscales vinculados a los combustibles.
Uno de los ejes que generó mayor rechazo en la oposición fue la inclusión de la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas por el propio Congreso en instancias anteriores. Estos puntos, integrados dentro de un mismo capítulo, despertaron fuertes críticas por su impacto en áreas consideradas sensibles, como la educación superior y las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad.
La modalidad de votación volvió a quedar en el centro de la escena durante la jornada. El oficialismo logró imponer su criterio con una mayoría ajustada, evitando que cada artículo fuera tratado de manera individual. Desde los bloques opositores advirtieron que este mecanismo limitó el debate específico de las disposiciones más controvertidas del proyecto.
A lo largo de la sesión, legisladores de distintos espacios cuestionaron tanto el contenido del Presupuesto como la estrategia parlamentaria utilizada para su aprobación. Señalaron posibles recortes en áreas clave, alertaron sobre el impacto social de las medidas previstas y reclamaron un mayor nivel de diálogo en la definición de las prioridades económicas.
Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la iniciativa como una herramienta indispensable para consolidar el equilibrio fiscal, ordenar el gasto público y brindar previsibilidad a la economía. Los aliados del Gobierno subrayaron la necesidad de contar con una ley de presupuesto que refleje los objetivos macroeconómicos y los compromisos asumidos por la actual administración.
La media sanción obtenida se da en un contexto legislativo complejo, atravesado por la convocatoria a sesiones extraordinarias y por un Congreso fragmentado tras las elecciones generales. El escenario anticipa un debate igualmente exigente en la Cámara alta, donde el Presupuesto volverá a ser eje de negociación política.
Con el proyecto ya aprobado en Diputados, el Senado se convierte ahora en el próximo ámbito de discusión, en una etapa clave para definir el rumbo fiscal y la planificación financiera del Estado para el año entrante.