La provincia de Mendoza cuenta con una normativa que establece la responsabilidad legal de padres, madres y tutores frente a situaciones de acoso escolar protagonizadas por sus hijos cuando no existe una intervención adecuada por parte de los adultos responsables.
La medida introduce un enfoque novedoso al abordar el bullying como una problemática que involucra no solo a las escuelas, sino también al entorno familiar.
La ley modifica el Código de Contravenciones provincial y prevé sanciones económicas y medidas educativas para los adultos responsables que, tras una notificación formal de la institución educativa, no adopten acciones concretas para detener o reparar conductas de hostigamiento entre pares. Las multas se calculan en Unidades Fijas y también pueden contemplar tareas comunitarias y educativas.
El esquema de aplicación no es automático. En primer lugar, la escuela debe activar un Protocolo de Actuación en Casos de Bullying, que incluye la detección de la situación, su registro institucional y un abordaje pedagógico orientado a resolver el conflicto.
Solo cuando no hay colaboración familiar o se verifica la reiteración de las conductas, el caso puede elevarse al Juzgado Contravencional.
Desde el Gobierno provincial se remarca que el espíritu de la norma no es punitivo ni recaudatorio, sino preventivo. El objetivo central es promover una mayor corresponsabilidad entre las familias y las instituciones educativas, reforzando el rol de los adultos en el acompañamiento y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
La legislación también prevé la creación de un fondo específico integrado con los recursos obtenidos a partir de las sanciones, que será destinado a acciones de prevención del acoso escolar, asistencia a las víctimas y fortalecimiento de espacios comunitarios. De este modo, se busca ampliar las herramientas disponibles para abordar una problemática cada vez más visible.
Especialistas y referentes educativos coinciden en que el bullying no puede analizarse como un hecho aislado ni exclusivamente escolar. Se trata de una expresión de conflictos más amplios que requieren intervenciones integrales y sostenidas, con participación activa de las familias. En ese sentido, la norma combina sanciones con una mirada educativa y restaurativa.
Con este marco legal, Mendoza se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en asignar responsabilidades concretas a los adultos frente a situaciones de violencia entre pares, en un debate que continúa abierto a nivel nacional y que interpela a todo el sistema educativo.