El régimen talibán en Afganistán sancionó un nuevo Código Penal que generó un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos por la manera en que aborda la violencia de género y contra menores.
La normativa, promulgada bajo la autoridad del líder supremo Hibatullah Akhundzada, introduce cambios profundos en el sistema judicial del país.
Uno de los puntos más cuestionados establece que agredir físicamente a una esposa o a un niño podrá recibir una pena de hasta 15 días de cárcel únicamente si se comprueba la existencia de moretones visibles o fracturas.
De este modo, la tipificación del delito queda condicionada a la demostración de lesiones físicas concretas ante un tribunal.
Diversos organismos internacionales advirtieron que esta disposición reduce la protección legal para mujeres y menores, ya que limita la sanción a casos en los que haya pruebas corporales evidentes.
También señalaron la desproporción en comparación con otros artículos del mismo código, que prevén castigos más severos para conductas de distinta naturaleza.
El nuevo marco legal no se limita a la violencia doméstica. Según especialistas, consolida una estructura judicial con amplios márgenes de discrecionalidad para los jueces y redefine criterios punitivos que, a juicio de los críticos, se apartan de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y garantías fundamentales.