En el marco del litigio que se tramita ante un tribunal de Nueva York por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino decidió no brindar información sobre la ubicación y el destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.
La postura fue presentada por los abogados que representan al país ante la jueza Loretta Preska, en respuesta a un pedido formulado por los beneficiarios del fallo contra la Argentina.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que esos datos no están bajo la órbita del Estado nacional, ya que el oro pertenece y es administrado por el Banco Central, organismo con autonomía jurídica y separado del patrimonio del Tesoro.
En ese marco, también rechazaron la posibilidad de que el ministro de Economía, Luis Caputo, comparezca para aportar precisiones ante la Justicia de Estados Unidos.
El requerimiento se inscribe en la causa iniciada por los beneficiarios de la sentencia que condenó al país a pagar más de US$16.000 millones. Los demandantes buscan identificar activos que eventualmente puedan ser ejecutados para cumplir con el fallo, y entre ellos pusieron el foco en las reservas de oro.
En su presentación, la defensa argentina reafirmó la separación institucional entre el Estado y el Banco Central y subrayó que cualquier solicitud vinculada a las reservas debe canalizarse ante la autoridad monetaria.
La estrategia oficial apunta a resguardar información considerada sensible en un proceso judicial que continúa bajo la atención de los mercados internacionales.
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