El Congreso volvió a mostrar hoy su costado más áspero: la Cámara de Diputados no logró los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley que establecía un aumento del 7,2% y un bono extraordinario para los haberes más bajos. De esta manera, el ajuste sobre los jubilados quedó convalidado y la mejora votada semanas atrás quedó definitivamente archivada.
El discurso del déficit contra la realidad social
El oficialismo celebró la votación como un triunfo fiscal. Con la bandera del déficit cero, Javier Milei había vetado la norma bajo el argumento de que el Estado no puede seguir “gastando lo que no tiene”. Pero detrás de esa consigna se esconde una verdad incómoda: los jubilados vuelven a ser la variable de ajuste de un programa económico que prioriza planillas de Excel antes que vidas concretas.
Mientras tanto, la jubilación mínima sigue muy por debajo de la canasta básica de un adulto mayor, y la inflación devora mes a mes el poder adquisitivo de quienes ya cargaron sobre sus espaldas décadas de aportes.
Un Congreso que cede y se divide
La oposición mostró voluntad, pero no la fuerza suficiente para torcer la votación. Hubo discursos encendidos, llamados a la sensibilidad social y gestos de resistencia, pero al final del día prevaleció la aritmética parlamentaria que favoreció al oficialismo. La foto que queda es la de un Congreso incapaz de sostener una política de reparación mínima para quienes menos tienen.
Consecuencias políticas y éticas
El resultado deja un mensaje claro: el Estado argentino, en manos del gobierno de Milei y con el aval de una parte de la dirigencia legislativa, elige el equilibrio contable por encima de la justicia social. Puede ser leído como una victoria fiscalista, pero es, en esencia, una derrota política y moral.
Los jubilados, otra vez, quedaron al margen de las prioridades del poder. Y lo que se votó hoy no es solo un veto: es la confirmación de que, en la Argentina del ajuste, el derecho a una vejez digna sigue siendo postergado.