En una decisión que vuelve a poner en el centro del debate público el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación una propuesta para modificar la Ley Nacional de Glaciares número 26.639.
Según el Gobierno, el proyecto busca resolver lo que considera obstáculos para inversiones productivas y certidumbre jurídica, aunque la iniciativa ya genera preocupaciones en distintos sectores sociales y ambientales.
A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente afirmó que el texto responde a los reclamos de provincias con economías fuertemente ligadas a la minería, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan.
El Gobierno sostiene que la reforma fortalecerá la protección del ambiente sin poner trabas al desarrollo humano, ofreciendo lo que define como un marco legal más claro para la inversión en sectores como la minería y la explotación de litio.
Las autoridades también subrayaron que la iniciativa busca consolidar un federalismo ambiental que respalde la gestión de los recursos naturales por parte de las provincias, al tiempo que preserva las funciones ecológicas de los glaciares y sus áreas circundantes.
La Ley Nacional de Glaciares, sancionada en 2010, fue concebida como un instrumento clave para proteger las formaciones de hielo y las zonas periglaciares —regiones que actúan como reservas de agua estratégica para múltiples cuencas hídricas del país— evitando actividades que puedan comprometer su integridad.
La norma actual prohíbe la liberación de contaminantes, instalaciones industriales, obras civiles y la explotación minera o petrolera en estos ambientes, salvo excepciones muy limitadas y con evaluaciones de impacto ambiental exigentes.
La presentación formal del proyecto coincide con la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, donde el Ejecutivo busca avanzar con varias reformas estructurales antes de fin de año, incluyendo el debate del presupuesto para 2026 y otras iniciativas clave.
Mientras el Ejecutivo argumenta que la modificación de la ley busca modernizar un marco normativo que, en su criterio, ha generado inseguridad jurídica y paralización de inversiones, distintos sectores ambientales y especialistas han adelantado su rechazo a la propuesta.
Organizaciones ambientalistas ya advirtieron que ciertos cambios en discusión podrían debilitar la protección de los glaciares y ampliar las zonas susceptibles de intervención humana, poniendo en riesgo no solo estos cuerpos de hielo sino también sus funciones ecológicas y hídricas esenciales.
Para ambientalistas y especialistas, este cambio implicaría una regresión normativa que amenaza recursos estratégicos para generaciones futuras.
El resultado de esa discusión tendrá repercusiones no solo en el rumbo de las inversiones productivas, sino también en la manera en que Argentina concilia la preservación de sus ecosistemas más frágiles con las demandas de sectores económicos que reclaman certezas y condiciones propicias para desarrollar sus proyectos.