La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei derivó en una reducción del gasto público nacional estimada en 38.000 millones de dólares durante los dos primeros años de gestión. Así lo señala un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que da cuenta de una contracción significativa del tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en relación con el Producto Bruto Interno.
El estudio sostiene que el recorte acumulado entre el inicio de la administración libertaria y fines de 2025 equivale a una baja de 6,5 puntos del PBI respecto de los niveles vigentes al momento de la asunción presidencial. Se trata de un proceso de ajuste profundo que el propio Gobierno definió como una “motosierra” sobre las cuentas públicas, con impacto transversal en múltiples áreas del presupuesto nacional.
De acuerdo con las proyecciones del IARAF, el gasto total del Estado nacional se ubicaría en torno a los 97.000 millones de dólares al cierre de 2025, frente a los 135.000 millones ejecutados durante el último año del gobierno anterior. Esa diferencia refleja recortes extendidos en políticas públicas clave, que inciden tanto en el funcionamiento de la administración como en la dinámica económica general.
Entre los rubros más afectados aparecen las jubilaciones, con una disminución cercana a los 2.000 millones de dólares en términos reales. El informe vincula esta caída a la falta de actualización de los haberes y a la pérdida de poder adquisitivo registrada en un contexto de alta inflación, una combinación que impacta de manera directa en los ingresos de los sectores pasivos.
La inversión real directa del Estado muestra un retroceso aún más pronunciado. Según el análisis, el ajuste en este rubro supera los 6.000 millones de dólares, lo que se traduce en una fuerte reducción de los recursos destinados a obras públicas, infraestructura y proyectos de desarrollo, con efectos visibles en distintas regiones del país.
El recorte también alcanzó a los programas sociales, con un nivel de ejecución sensiblemente inferior al registrado en 2023, y al gasto en salarios del sector público, que se contrajo en casi 4.700 millones de dólares. Desde el instituto destacan que estas decisiones se inscriben en una estrategia orientada al equilibrio fiscal y al cumplimiento de compromisos asumidos con organismos internacionales.
En ese marco, el IARAF estima que el gasto primario anual, medido en pesos constantes, se reducirá en torno al 27 por ciento en comparación con 2023. Las mayores caídas se concentran en las transferencias de capital a las provincias, los subsidios económicos y la inversión estatal, configurando un cambio estructural en el rol del Estado como actor económico.
Desde el Ministerio de Economía, en tanto, proyectan que el ejercicio de 2025 cerraría con un superávit fiscal primario de entre 1,3 y 1,5 por ciento del PBI. Según el Gobierno, ese resultado se vería reforzado por ingresos extraordinarios provenientes de la privatización de activos estatales, aun contemplando erogaciones estacionales como el pago de aguinaldos.
Mientras el Ejecutivo presenta el ajuste como un paso necesario para estabilizar la economía, el alcance y las consecuencias de esta política continúan generando debate en la esfera pública. El impacto sobre las condiciones de vida, el sostenimiento de políticas sociales y el futuro del desarrollo productivo aparecen en el centro de una discusión que atraviesa a la política, la economía y a amplios sectores de la sociedad.