El presidente Javier Milei enviará al Congreso antes de diciembre un proyecto que modifica en profundidad la legislación del trabajo. Bajo el nombre “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, la iniciativa busca ampliar la jornada laboral, flexibilizar los convenios colectivos y habilitar nuevas modalidades en la negociación salarial. Desde el sindicalismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) ya adelantaron su rechazo y advierten que no negociarán retrocesos en los derechos de los trabajadores.
El borrador del Gobierno propone que las negociaciones salariales se realicen por empresa y no sólo por rama de actividad, impulsando lo que denominan “salarios dinámicos” ligados a la productividad. Paralelamente, propone bancos de horas, fraccionamiento de vacaciones, jornadas que podrían extenderse hasta doce horas diarias y pagar indemnizaciones en cuotas para micro, pequeñas y medianas empresas. Los impulsores del proyecto sostienen que estas medidas permitirán formalizar empleo, atraer inversiones y modernizar un régimen laboral que, según ellos, se encuentra rígido y poco competitivo.
Desde la central obrera se salió al cruce. Su titular, Gerardo Martínez, advirtió que “las conquistas laborales y un salario digno no son objeto de negociación”. Para la CGT, el proyecto retoma, casi sin cambios, los puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que había sido judicializado por atentar contra derechos centrales. Al mismo tiempo, sindicatos y analistas laborales advierten que el contexto actual —con debilidad salarial, alto empleo informal y caída del poder adquisitivo— hace riesgoso dar pasos atrás en el sistema de protección sindical.
El Gobierno justifica la reforma como el primer eslabón de una agenda estructural que luego incluye una reforma tributaria. Con respaldo legislativo reforzado desde los últimos comicios, según fuentes oficiales se espera abrir el debate a partir del 10 de diciembre, con la asunción de la nueva legislatura. En este escenario, el ministro de Trabajo, Julio Cordero, explica que la clave está en «convertir el empleo informal en registrado y vincular el sueldo con la productividad». Pero el interrogante es si esta agenda se construirá con diálogo y consenso o mediante una imposición parlamentaria.
La discusión se abre en un clima de fuerte polarización. Aunque las intenciones oficiales estén orientadas a la generación de empleo formal y a la atracción de inversiones, el rechazo gremial deja en evidencia que el conflicto laboral podría formar parte del calendario político del verano. Y para miles de trabajadores, el debate no es sólo técnico: se trata de preservar derechos que, como el convenio colectivo, el salario mínimo y la jornada de ocho horas, fueron resultado de luchas históricas.