El Juzgado Federal de Campana intimó al Gobierno nacional a demostrar hechos concretos sobre la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente desde 2025, en un plazo de cinco días hábiles.
El tribunal advirtió que no aceptará informes generales o basados solo en proyectos o análisis, sino documentación que pruebe avances reales en derechos y beneficios para las personas con discapacidad.
La decisión judicial surge en el marco de un amparo colectivo promovido por familias y organizaciones, respaldado también por el Ministerio Público, que cuestionan la falta de ejecución de la norma.
El juez Adrián González Charvay puso el foco, entre otros puntos, en la actualización de aranceles para prestadores, el plan de pagos de compensaciones adeudadas, la puesta en marcha de programas económicos como ARCA y la publicación del decreto reglamentario, cuya ausencia suma retrasos desde principios de enero de 2026.
El tribunal fijó también una fecha límite —el 4 de febrero de 2026— para que el sistema esté operando con aranceles liquidados y el marco reglamentario vigente. Además, la intimación judicial incluye la posibilidad de sanciones personales, como multas, si no se cumplen las exigencias.
El Gobierno ya había apelado el fallo original que ordenaba la aplicación inmediata de la ley, aunque esa apelación no suspende la obligación de presentar pruebas de avance, según el tribunal.
Organizaciones sociales y familias sostienen que, más allá de algunos trámites administrativos, no hubo mejoras concretas ni cambios sustanciales en las prestaciones y derechos garantizados por la norma.
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