En una sesión clave celebrada este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados votó en insistir sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, revocando así el veto del presidente Javier Milei. El resultado fue contundente: 172 votos a favor, 73 votos en contra, 2 abstenciones
Con esta mayoría, se superó ampliamente el umbral de dos tercios requerido para insistir con la ley, por lo que ahora pasa al Senado para su consideración.
El proyecto en cuestión contemplaba, entre otras medidas, la actualización de los aranceles de las prestaciones, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, y la compatibilidad de dicha pensión con empleo formal mientras no se superen dos salarios mínimos.
La diputada Natalia de la Sota expresó su rechazo al veto y calificó las políticas gubernamentales como “deshumanizantes”, anunciando su voto contrario también al veto sobre la moratoria previsional.
El 2 de agosto, el presidente Javier Milei firmó el veto total a la Ley de Emergencia en Discapacidad, junto con otras normas destinadas a jubilados y a la moratoria previsional. El decreto publicado el 4 de agosto (Decreto 534/2025)— argumentó que las leyes comprometían el equilibrio fiscal.
Según el Ejecutivo, los proyectos implicaban un aumento del gasto público decisivo: se estimó un impacto de hasta el 1 % del PBI
El veto fue ampliamente repudiado por organizaciones sociales y actores del sector, que consideraron que significaba un retroceso en derechos fundamentales y profundizaba la emergencia ya presente en el sistema. Se realizaron movilizaciones frente al Congreso y denuncias públicas por “abandono” del sector.
¿Qué sigue ahora?
La insistencia aprobada por Diputados implica que el proyecto vuelve al Senado, donde nuevamente deberá contar con los dos tercios de los votos para que el veto sea revocado definitivamente.
En paralelo, el Ejecutivo continúa apostando a mantener firme su posición, confiando en lograr el apoyo necesario al menos un tercio en una de las cámaras para sostener el veto.
Asimismo, el debate político continúa con alta tensión entre poder Ejecutivo y Legislativo, mientras organizaciones sociales del sector siguen movilizadas y reclamando soluciones urgentes.