La Cámara alta retomó el tratamiento del proyecto oficial en un plenario de comisiones que se extendió tras un cuarto intermedio, mientras se profundiza el rechazo de la CGT y la oposición cuestiona tanto el contenido como el ritmo de la iniciativa.
El tratamiento legislativo se desarrolla en un contexto de fuerte tensión política dentro de la Cámara alta y con expresiones de rechazo sindical tanto en el interior del Congreso como en sus inmediaciones.
La reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda retomó su actividad tras un cuarto intermedio, con una serie de exposiciones informativas a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes gremiales, sectores productivos y especialistas en materia laboral.
Desde el oficialismo señalaron que el objetivo es avanzar con el análisis del proyecto en comisión para habilitar su posterior tratamiento en el recinto y defendieron la iniciativa como una herramienta orientada a enfrentar el estancamiento del empleo formal y a actualizar el marco normativo frente a los cambios en el mundo del trabajo.
En esa línea, funcionarios del área laboral sostuvieron que la propuesta apunta a facilitar el pasaje de la informalidad al empleo registrado y remarcaron que las modificaciones planteadas no tendrían carácter retroactivo sobre las relaciones laborales ya existentes.
El inicio del análisis formal estuvo atravesado por cuestionamientos de legisladores opositores y del movimiento sindical. Desde distintos bloques se expresaron críticas a la conformación de las comisiones y al ritmo con el que el oficialismo busca impulsar el tratamiento del proyecto.
Durante la constitución de la comisión de Trabajo y Previsión Social se registraron cruces verbales entre senadores de diferentes fuerzas políticas, en un clima que anticipa un debate parlamentario intenso y prolongado.
En paralelo al trabajo legislativo, la Confederación General del Trabajo tuvo una participación activa tanto dentro del Congreso como en las calles.
Dirigentes de la central obrera calificaron la reforma como regresiva para los derechos de los trabajadores y reclamaron al Gobierno la apertura de un diálogo más amplio antes de avanzar con su aprobación. Las expresiones sindicales estuvieron acompañadas por una movilización en Plaza de Mayo, donde advirtieron que las medidas de protesta podrían profundizarse si el proyecto avanza sin modificaciones sustanciales.
La reforma laboral se consolida así como uno de los ejes más sensibles de la agenda parlamentaria, atravesando a las distintas fuerzas políticas y generando un amplio rechazo en el movimiento sindical.
Mientras el oficialismo insiste en avanzar hacia la emisión de dictámenes que permitan llevar la iniciativa al recinto, sectores opositores y gremiales buscan frenar el proceso o introducir cambios de fondo en el contenido del proyecto.
El debate continúa en el ámbito de las comisiones y su eventual llegada al recinto aparece como un desafío central para el Gobierno, en un escenario marcado por la resistencia social, la disputa política y la presión sindical, factores que condicionarán el tramo final de la discusión legislativa en el Senado.