El Mensajero
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Sosa, tras la nueva ordenanza: “Sin gestión, nada cambia”

En una sesión ordinaria sin sobresaltos pero cargada de mensajes políticos, el Concejo Deliberante de Villa María aprobó por unanimidad dos iniciativas: un Régimen de Excepción Vial orientado a reforzar la convivencia ciudadana y la declaración de interés municipal para una gala artística local.
Entre ambas, la mirada estuvo puesta en la primera, no solo por su impacto inmediato en la vida urbana sino por un mensaje que ya empieza a hacerse habitual desde una porción de la oposición: las ordenanzas pueden multiplicarse, pero la gestión municipal sigue en deuda.

Una ordenanza perfeccionada, pero con advertencias

Al momento de tomar la palabra, el concejal Manuel Sosa (Uniendo Villa María) fue directo: reconoció avances en el texto final, marcó que el problema es urgente y que vecinos y vecinas conviven diariamente con ruidos, descontrol y tensiones en el espacio público.
“Valoramos que el Concejo esté discutiendo esto, porque hace tiempo venimos advirtiendo que el conflicto es real”, señaló.

Sin embargo, también dejó asentada una línea que su bloque no está dispuesto a cruzar: votó a favor de la ordenanza en general, pero rechazó el Artículo 12, al considerar que la asistencia social no puede transformarse en un instrumento de castigo.
“La ayuda social debe garantizar derechos, no funcionar como una medida punitiva”, enfatizó, en una frase que buscó dejar marcado un límite político.

Sosa insistió en lo que considera el verdadero problema: la falta de gestión

Aun acompañando la iniciativa, Sosa volvió a instalar uno de sus ejes centrales: ninguna norma sirve sin un Estado capaz de hacerla cumplir.
“Podemos aprobar muchas herramientas —dijo— pero sin presencia real del municipio en las calles, sin planificación ni operativos, nada va a cambiar.”

El mensaje, aunque diplomático, tuvo destinatario directo: el Departamento Ejecutivo. Para el concejal, el rol del Concejo ya fue cumplido; ahora la responsabilidad es que la ordenanza no quede en letra muerta.
“El problema no es normativo. El problema es de gestión”, concluyó.

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