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Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno restituye normas derogadas por decreto

El Boletín Oficial formalizó la restitución de disposiciones en organismos nacionales, tras la caída de los decretos impulsados por el Ejecutivo.

Este miércoles 3 de septiembre, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la restitución de un conjunto de normas que habían sido modificadas o derogadas por decretos presidenciales en el marco de las facultades delegadas a Javier Milei con la aprobación de la Ley de Bases.

La decisión alcanza disposiciones vinculadas a organismos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), además de modificaciones en el régimen laboral de la Marina Mercante, que incluían restricciones al derecho de huelga.

Entre las medidas restituidas figuran:

  • La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Decreto 345/25).

  • La incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 351/25).

  • La disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Decreto 461/25).

  • La eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) (Decreto 462/25).

En el Boletín Oficial se establece: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos“.

Es importante aclarar que, la marcha atrás refleja el límite institucional al que se enfrenta el Gobierno frente a los rechazos legislativos. Aunque las medidas se justificaron como una necesidad para evitar vacíos legales, el retroceso deja en evidencia las dificultades del Ejecutivo para sostener, sin consenso parlamentario, las reformas implementadas por decreto.

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