Escribe: Gustavo Billarruel
Hoy, 23 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual de Niñas y Niños y adolescentes No es una fecha más: cada año, millones de vidas se ven afectadas por una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Siento la urgencia de hablar de esto no como un tema lejano, sino como algo que nos interpela a todas y todos: como comunidad, como Estado y como personas.
La conmemoración fue establecida en enero de 1999, en la Conferencia Mundial de la Coalición contra la Trata de Personas, realizada en Dhaka, Bangladesh. Se eligió el 23 de septiembre como día de memoria y movilización, en conexión con un antecedente histórico significativo: la sanción de la Ley Palacios en 1913, la primera norma en el mundo que penalizó la prostitución infantil en nuestro país.
Cuando hablo de explotación sexual y trata me refiero a conductas que pueden adoptar muchas formas, pero que comparten elementos comunes: captación mediante engaños o promesas falsas, coerción, abuso de poder y aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad. Entre las formas más frecuentes están la prostitución forzada, la pornografía sexual con menores, la esclavitud sexual y la explotación facilitada por entornos digitales. Todo esto se combina con violencia física, daño psicológico, privación de la libertad y consecuencias sociales y de salud que perduran en el tiempo.
Las cifras globales muestran la dimensión del problema y su crecimiento en distintas formas. Las estimaciones más recientes sobre esclavitud moderna y sus variantes señalan decenas de millones de personas afectadas en todo el mundo; son números que obligan a la acción y a no naturalizar esta violencia.
A nivel internacional existe el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En nuestro país lo ratificamos en 2002, lo que implica obligaciones claras de prevención, protección a las víctimas y cooperación en la persecución de la trata. Contamos además con leyes nacionales como la Ley 26.364 de 2008, modificada por la Ley 26.842 de 2012, que sancionan la trata de personas y establecen asistencia a quienes la padecen.
Al reflexionar desde el terreno, reconozco que los desafíos son muchos. Muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza en las instituciones. La prevención todavía es insuficiente: hace falta educación, campañas sostenidas y políticas públicas con recursos efectivos. La asistencia integral —salud, apoyo legal y acompañamiento psicosocial— es aún desigual en múltiples jurisdicciones. Y no podemos olvidar que las raíces estructurales —pobreza, desigualdad de género, falta de oportunidades y procesos migratorios forzados— alimentan la vulnerabilidad que explotan las redes criminales.
Pienso en acciones concretas que podemos impulsar desde lo cotidiano y lo público: participar en campañas de sensibilización, acompañar y promover organizaciones que trabajan con víctimas, exigir políticas públicas con presupuesto y protocolos claros, capacitar a docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad para detectar y actuar adecuadamente, y prestar atención urgente al espacio digital, donde se generan nuevas formas de captación y explotación.
Para mí, este día es una invitación a mirarnos hacia adentro: a preguntarnos qué hacemos para no ser parte, directa o indirectamente, de sistemas que reproducen la explotación. Cada persona explotada sexualmente, cada niña o niño traficado, representa una deuda ética y social que nos interpela. No podemos resignarnos ni naturalizar estas violencias.
La dignidad no se negocia. Si todas y todos ponemos un poco —si exigimos más y actuamos con solidaridad— podemos avanzar hacia un futuro donde la explotación sexual sea parte del pasado y no del presente.