Escribe: Gustavo Billaruel
Hay una pregunta que ya no se puede esquivar: ¿en qué sistema estamos viviendo realmente? No en los papeles, no en los discursos, no en la teoría. En la vida concreta. En la calle. En la mesa de cada casa donde cada vez cuesta más sostener lo básico.
Porque de eso se trata: no estamos simplemente viviendo en democracia. Estamos intentando sostener un sistema que, en los hechos, parece haber dejado de sostener a la mayoría.
Hay realidades que ya no admiten rodeos. La pobreza infantil. La falta de oportunidades. La vida cotidiana de quienes no llegan. Y, en medio de todo, una palabra que se repite hasta desgastarse: democracia.
Pero la democracia no puede ser cualquier cosa.
No puede convertirse en una estructura que habilita privilegios para algunos mientras condena a la mayoría a sobrevivir. Eso no es libertad. Es desigualdad legitimada.
La libertad no puede reducirse a quienes acceden al poder. No puede ser la libertad sin límites de quienes gobiernan mientras el trabajador, el jubilado, el niño, la mujer y el ciudadano común absorben el impacto de decisiones que los empujan hacia abajo.
Lo que empieza a percibirse no es solo desigualdad. Es una forma más sofisticada de sometimiento: menos visible, más silenciosa, pero igual de efectiva.
La historia ya lo demostró: en nombre de la libertad se pueden construir escenarios profundamente injustos. Cuando el poder se concentra y se justifica a sí mismo, la democracia empieza a vaciarse desde adentro.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué está pasando con las instituciones?
Las estructuras que deberían garantizar equilibrio muestran signos claros de desgaste. No es una sensación aislada. Se percibe en la falta de respuestas, en la ausencia de contención, en la fragilidad de los límites.
Y en ese deterioro hay un punto especialmente sensible: la libertad de expresión.
Hoy, en la Argentina, esa libertad se tensiona. No solo en el periodismo, donde decir lo que incomoda tiene costos cada vez más visibles, sino también en la calle, en el reclamo, en la voz de quien exige lo mínimo.
Cuando reclamar empieza a incomodar al poder, el problema no es el reclamo.
El problema es la democracia.
Porque una democracia que funciona no le teme a la voz de su gente. La necesita. La escucha. La incorpora.
Sin embargo, lo que se impone es otra realidad: una sociedad con menos acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. Una sociedad que retrocede mientras se le habla de avance.
En ese contexto, la pobreza —y especialmente la infantil— deja de ser un número para convertirse en una marca estructural. No hay democracia plena posible cuando una parte significativa de sus niños crece sin lo indispensable.
Mientras tanto, en el escenario político se multiplican los discursos, las consignas y las explicaciones. Pero la vida real no se ordena con relatos. La vida real se mide en lo que falta.
Y lo que falta es demasiado.
Ahí aparece la bronca. No como exageración ni como desborde. Como consecuencia.
Bronca frente a un sistema que promete inclusión y entrega exclusión.
Bronca frente a una estructura que habla de libertad mientras la vuelve inaccesible para muchos.
Bronca frente a una democracia que, en lugar de ampliar derechos, parece administrarlos.
Porque cuando una democracia empieza a seleccionar a quién le garantiza lo básico y a quién no, deja de ser una herramienta de igualdad.
Se convierte en un filtro.
Y cuando eso pasa, el problema ya no es político ni discursivo.
Es profundamente humano.
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