Cada 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Argentina se enfrenta a su espejo más oscuro. No es una fecha más en el calendario: es la marca indeleble del golpe de Estado de 1976, el inicio de un plan sistemático de persecución, tortura y desaparición que dejó una herida abierta en la historia nacional. Recordar no es un acto automático ni vacío; es una decisión política, ética y profundamente humana.
Para comprender la magnitud de lo ocurrido, también es necesario mirar el clima previo. La violencia política ya atravesaba al país en los años anteriores, en un contexto de proscripción, represión estatal y profundas tensiones sociales. Organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo emergieron en ese escenario, mientras episodios como la Masacre de Ezeiza anticipaban una escalada que luego sería utilizada como argumento por las Fuerzas Armadas para imponer un régimen de terror mucho más amplio, sistemático y brutal.
Sin embargo, el terrorismo de Estado instaurado a partir del golpe no fue una respuesta, sino un plan organizado desde el poder para aniquilar toda forma de disidencia. Centros clandestinos, secuestros nocturnos, torturas y vuelos de la muerte integraron una maquinaria diseñada para desaparecer personas y borrar sus huellas. Más de 30.000 detenidos-desaparecidos siguen siendo hoy una cifra que interpela, que duele y que se levanta como bandera en cada marcha.
En Córdoba, uno de los símbolos más estremecedores de ese horror fue La Perla, el mayor centro clandestino del interior del país. Por allí pasaron miles de personas secuestradas, muchas de las cuales nunca regresaron. Aún hoy, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permite reconstruir historias y devolver identidades, confirmando que detrás de cada número hay una vida, un proyecto, una familia atravesada por la ausencia.
Cada identificación es un acto de justicia tardía pero imprescindible. No devuelve la vida, pero rompe el silencio impuesto durante décadas. Historias de jóvenes estudiantes, trabajadores, militantes, madres y padres arrancados de sus hogares siguen emergiendo, recordando que el pasado no está cerrado. En La Perla, como en tantos otros sitios, la memoria tiene nombres, edades y sueños truncados.
En ese contexto, la palabra escrita fue también una forma de resistencia. Rodolfo Walsh denunció con claridad el plan represivo y económico de la dictadura en su “Carta abierta a la Junta Militar”, consciente del riesgo que implicaba decir la verdad en un país atravesado por el terror. Fue asesinado un día después de difundirla. Su legado, al igual que el de Eduardo Galeano, invita a entender la memoria como una herramienta crítica frente al poder, como un ejercicio activo que incomoda y cuestiona.
Hoy, cuando resurgen discursos que relativizan o niegan lo ocurrido, la memoria vuelve a ser un territorio en disputa. No se trata solo de recordar el pasado, sino de defender el sentido de lo que ocurrió. Porque una sociedad que habilita el olvido o la distorsión de su historia queda expuesta a repetirla.
Recordar no es quedarse en el dolor. Es sostener la verdad, exigir justicia y defender la democracia todos los días. Es decir, una y otra vez, que el horror existió, que las víctimas tuvieron nombre y que el “Nunca Más” no es una consigna vacía, sino un compromiso colectivo que sigue vigente.
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