La decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud generó indignación en el colectivo de personas con discapacidad, organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos.
La medida es leída como un retroceso institucional que desarma años de construcción en torno al modelo social de la discapacidad.
Desde distintos espacios se advierte que el cambio implica volver a una mirada sanitaria y asistencial, dejando de lado el enfoque de derechos que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos plenos y no como pacientes a rehabilitar.
El traspaso de la Andis a Salud es interpretado como una señal política clara: la discapacidad deja de ser una política transversal del Estado.
El ajuste presupuestario que atraviesa al sector profundiza el malestar. Prestaciones demoradas, pagos suspendidos y programas paralizados conforman un escenario de incertidumbre creciente, que impacta de forma directa en la vida cotidiana de miles de personas y familias en todo el país.
Referentes del sector remarcan que esta decisión contradice compromisos asumidos por la Argentina en tratados internacionales y debilita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas con participación activa de la comunidad.
La eliminación de un organismo específico no es solo un cambio administrativo, sino una redefinición del lugar que ocupa la discapacidad en la agenda pública.
En un contexto de recorte generalizado, el cierre de la Andis aparece como otro gesto de desprotección social, que amplía la distancia entre el Estado y uno de los colectivos históricamente más vulnerados.
La reacción no se hizo esperar y el reclamo es claro: no hay inclusión ni derechos sin políticas públicas sólidas y sostenidas.