Por Gustavo Billarruel
Hubo un tiempo en que la Argentina entendió que la educación pública no era un gasto. Era una inversión colectiva. Un puente.
Una posibilidad concreta de que el hijo de un obrero pudiera convertirse en médico, que la hija de una empleada doméstica llegara a ser ingeniera, que un joven del interior profundo pudiera sentarse por primera vez en un aula universitaria y cambiar la historia de toda su familia.
Por eso lo que ocurrió el martes pasado no fue solamente una marcha. Fue un grito social. Fue la reacción de un pueblo que empieza a cansarse de ver cómo se destruyen lentamente los espacios más sensibles del país mientras se habla de números, ajustes y déficit como si detrás de cada recorte no existieran personas.
La Cuarta Marcha Federal Universitaria reunió a un millón y medio de personas en al menos 50 ciudades argentinas. Una de las movilizaciones más grandes del año. Plaza de Mayo colmada. Calles desbordadas. Familias enteras marchando. Docentes, estudiantes, investigadores, rectores, trabajadores no docentes y ciudadanos comunes unidos bajo una misma consigna: defender la universidad pública.
Porque la universidad pública no responde a un partido político. Es patrimonio de toda la sociedad.
Y cuando una multitud así sale a la calle no lo hace por capricho. Lo hace porque siente que se está tocando algo sagrado. Algo que costó décadas construir.
Los números del ajuste
Los números son demoledores. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,30%, mientras que los salarios universitarios aumentaron apenas un 147,30%. La pérdida del poder adquisitivo ronda el 37,13%.
Traducido a la vida cotidiana: docentes que ya no llegan a fin de mes, investigadores que abandonan laboratorios, profesionales altamente capacitados que dejan las universidades porque el sueldo ya no alcanza ni para sostener una vida digna.
Y aún así hay quienes siguen hablando del sistema universitario como si fuera un privilegio de pocos.
La educación pública argentina permitió durante décadas algo que en muchos países sigue siendo imposible: movilidad social ascendente. Permitió que millones de personas pudieran estudiar sin importar cuánto dinero había en sus casas. Permitió construir científicos, médicos, abogados, psicólogos, periodistas, ingenieros y docentes que después sostuvieron el funcionamiento mismo del país.
El futuro que se recorta
Entonces la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde?
¿Hasta dónde van a seguir recortando en educación mientras se ajusta siempre sobre los mismos sectores?
¿Hasta cuándo se va a instalar la idea de que estudiar es un gasto y no un derecho?
Porque mientras se habla de libertad, cada vez más jóvenes sienten que el futuro se les achica. Y no hay verdadera libertad en un país donde solamente pueden estudiar quienes tienen dinero.
La universidad pública argentina no nació para fabricar élites. Nació para democratizar oportunidades. Para igualar. Para romper destinos marcados por el origen social.
Y eso parece molestar.
Molesta que exista un espacio donde un chico de un barrio humilde pueda sentarse al lado del hijo de un empresario y tener exactamente el mismo derecho a aprender. Molesta que el conocimiento siga siendo una herramienta de transformación social y no solamente un privilegio reservado para quienes pueden pagarlo.
Una marcha que excede lo salarial
Por eso la marcha del martes pasado tuvo algo mucho más profundo que una protesta salarial. Hubo bronca, sí. Pero también una conciencia colectiva arraigada en generaciones que crecieron creyendo que la universidad pública era uno de los grandes orgullos nacionales.
Las imágenes se repitieron en todo el país. Más de 150 mil personas movilizadas entre Santa Fe y Rosario. Multitudes en Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Chubut, Jujuy y La Pampa. Calles llenas de jóvenes defendiendo algo que quizás todavía no terminaron de perder, pero que sienten amenazado.
Y ahí aparece otro dato que duele: cuando un gobierno decide desfinanciar universidades, hospitales universitarios y áreas científicas, no solamente ajusta un presupuesto. Ajusta el futuro.
Porque detrás de cada carrera que se vacía hay un profesional menos. Detrás de cada investigador que se va del país hay años de conocimiento perdido. Detrás de cada docente agotado hay cientos de estudiantes que terminan recibiendo una educación precarizada.
La universidad como identidad
La discusión de fondo no es solamente económica. Es profundamente humana.
¿Qué país se quiere construir?
Uno donde la educación siga siendo una herramienta de igualdad o uno donde estudiar vuelva a ser un privilegio para pocos.
La marcha dejó algo claro: la universidad pública todavía tiene quien la defienda. Y quizás ahí radica la mayor esperanza. En esa multitud que decidió salir a la calle para recordar que no todo puede medirse en términos de rentabilidad.
Porque hay cosas que sostienen la identidad de un país.
Y la educación pública es una de ellas.
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