Trabajadores de prensa de todo el país realizaron el jueves 29 de octubre una jornada de lucha frente al Congreso para reclamar que la Comisión de Trabajo del Senado trate la continuidad del Estatuto del Periodista Profesional.
La posible derogación de la normativa no solo pone en riesgo derechos laborales, sino también garantías fundamentales para el acceso de la ciudadanía a la información.
La defensa del periodismo y del derecho a la información llegó al Congreso de la Nación. El jueves 29 de octubre, trabajadores de prensa, sindicatos de distintas provincias y organizaciones vinculadas a la comunicación protagonizaron una jornada de lucha frente al Senado para exigir el tratamiento de los proyectos que buscan garantizar la continuidad del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908).
La medida de fuerza contó con la participación de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), entre otras organizaciones sindicales y entidades del sector.
El reclamo estuvo dirigido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, a la que solicitaron que convoque a una reunión para debatir las iniciativas legislativas antes de que se concrete la derogación de la normativa, prevista a partir del 1 de enero de 2027, en el marco de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional.
De esta manera, el Estatuto podría mantenerse vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, el alcance del reclamo va mucho más allá de las condiciones laborales de periodistas y trabajadores de medios.
La posible eliminación del Estatuto también representa un riesgo para la ciudadanía, porque las garantías que protegen a quienes producen información son parte de las condiciones necesarias para que la sociedad pueda acceder a noticias independientes, diversas y confiables.
Un periodista que trabaja bajo la amenaza permanente de perder su empleo, sometido a presiones empresariales o condicionado por intereses políticos y económicos tiene menos herramientas para desarrollar su tarea con libertad.
Y cuando se limita la independencia de quienes informan, quienes pierden también son los ciudadanos: aquellos que necesitan conocer qué hacen sus representantes, cómo se administran los recursos públicos, qué ocurre en sus comunidades y cuáles son los hechos que afectan su vida cotidiana.
El derecho a la información no pertenece a los periodistas ni a los medios: pertenece a toda la sociedad. Por eso, la discusión sobre el Estatuto no puede reducirse a una disputa sindical. Está en juego la posibilidad de contar con un periodismo que pueda investigar, preguntar, señalar irregularidades y dar voz a quienes muchas veces no tienen espacio en la agenda pública.
La desaparición de una normativa específica para la actividad también puede profundizar la precarización laboral, debilitar las redacciones y afectar especialmente a los medios pequeños, cooperativos y autogestivos, que cumplen un papel fundamental en la comunicación de las comunidades del interior del país.
Durante la jornada, las organizaciones reclamaron que el Congreso abra el debate y no permita que la falta de tratamiento legislativo termine consolidando la eliminación de las protecciones específicas de la actividad.
La movilización también contó con el acompañamiento de legisladores nacionales y entidades como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), ARGRA, Periodistas Argentinas y la Red de Carreras de Comunicación Social (REDCOM), entre otras.
El reclamo que llegó al Senado plantea una discusión que interpela a toda la democracia: defender las condiciones para ejercer el periodismo con libertad es también defender el derecho de cada ciudadano a saber, preguntar, opinar y construir sus propias decisiones con información.
Porque sin periodismo independiente hay menos posibilidades de controlar al poder, denunciar injusticias y conocer lo que sucede. Y una sociedad que pierde el acceso a información libre y plural es una sociedad con menos herramientas para defender la democracia.
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