Desde Baja Visión Villa María tomamos la palabra como territorio propio: un modo de decir presente, de afirmar autonomía y de resistir a toda forma de invisibilización
Cada 3 de diciembre reaparece una pregunta que no podemos eludir: qué queda de las promesas que marcaron un rumbo en igualdad, accesibilidad y participación plena. La consigna nada sobre nosotros sin nosotros, motor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no es un lema para repetir. Es una exigencia política que interpela al Estado, a la sociedad y a quienes administran recursos públicos. Su vigencia expone la distancia entre los discursos y las decisiones concretas en Argentina.
En los meses recientes quedó claro que las políticas públicas pueden fortalecerse o desdibujarse con la misma facilidad. Cuando se las convierte en objeto de ajuste, lo que se pierde no es algo abstracto: se debilitan apoyos que sostienen la vida diaria, se reducen prestaciones indispensables, se limitan accesos esenciales y se achican oportunidades laborales que muchas personas apenas empezaban a conquistar. Si la comunicación institucional simplifica la discapacidad o la asocia exclusivamente a la dependencia, el daño deja de ser administrativo y se vuelve cultural. Allí comienza otra forma de vulneración y muchas vidas deben reorganizarse bajo condiciones más frágiles.
Por eso vuelve a cobrar fuerza la demanda de participación real en la construcción de las políticas que afectan a este colectivo. No se busca un gesto simbólico ni una silla para cumplir con la formalidad. Se cuestiona cualquier mirada que reduzca a las personas a un diagnóstico y que diseñe políticas sin contar con quienes conocen de primera mano las barreras, los obstáculos y las soluciones posibles. Preguntarse por el estado de ese principio es observar cómo se valoran o se vulneran los derechos en cada decisión presupuestaria, en cada programa que omite la accesibilidad desde el inicio y en cada recorte que se presenta como inevitable.
Recuperar esa mirada exige transformar la comunicación pública. Lo que se dice sobre la discapacidad define prioridades y, muchas veces, condiciona decisiones estatales. Si la narrativa oficial la presenta como un asunto de asistencia ocasional, las respuestas serán parciales y temporarias. Si se la reconoce como una cuestión de derechos humanos, el enfoque cambia de raíz. Las medidas dejan de ser ayudas aisladas y pasan a convertirse en obligaciones del Estado para garantizar educación accesible, transporte adecuado, salud integral, empleo con apoyos y producción de información que permita participar en igualdad de condiciones.
La autonomía deja de ser una palabra abstracta y se vuelve el centro del reclamo. Hablar de autonomía es hablar de decisiones cotidianas: elegir cómo vivir, dónde trabajar, qué apoyos utilizar y qué proyectos construir sin que tutelas externas determinen qué es posible. En tiempos de recorte o desatención, ejercer esa autonomía se transforma en un acto de resistencia. Reclamar autonomía no es pedir privilegios: es exigir condiciones justas para sostener una vida digna.
La comunicación social, los relatos públicos y las agendas oficiales también moldean estos procesos. Cuando las voces de las personas con discapacidad no participan de la discusión, las soluciones se piensan desde afuera y terminan siendo ineficaces. Escuchar, dialogar y co-producir políticas no es un gesto amable: es una necesidad democrática. La participación no es un adorno institucional. Es el mecanismo que legitima decisiones y garantiza que sean verdaderamente útiles.
Este Día Internacional encuentra a muchas personas reclamando algo más profundo que un servicio recortado o un beneficio discontinuado. Reclaman el derecho a no ser empujadas a la periferia social. Reclaman que se cumpla lo ya reconocido en normas nacionales e internacionales. Reclaman que la igualdad deje de ser una promesa que aparece solo en discursos. Reclaman ser parte de las decisiones que moldean su vida cotidiana.
Frente a la invisibilización, la palabra recupera su fuerza. Narrar experiencias, señalar vulneraciones, proponer alternativas y exigir participación son prácticas que construyen ciudadanía plena y fortalecen derechos que hoy necesitan defensa firme. La consigna que atraviesa este día es clara: ninguna política que afecte a las personas con discapacidad puede formularse sin su presencia activa.
Un país que busca justicia no puede sostener que la dignidad depende de la voluntad de un gobierno ni que la igualdad es un recurso retórico reservado a fechas señaladas. La prueba de una política con perspectiva de derechos está en su permanencia, en su coherencia y en su capacidad real de transformar la vida cotidiana. Por eso, este 3 de diciembre no alcanza con conmemorar: es necesario exigir. Nada sobre nosotros sin nosotros debe orientar cada diseño institucional, cada decisión presupuestaria y cada conversación pública.
La tarea es vasta e impostergable. Requiere voluntad política, recursos y, sobre todo, la escucha activa de quienes conocen las barreras por experiencia propia. Defender la autonomía y la participación efectiva es defender una idea de país que reconoce la diversidad humana en todas sus formas y no deja a nadie afuera por decisión administrativa ni por prejuicio cultural. Este día reafirma una convicción elemental: los derechos no se negocian y la participación no es un privilegio. Es la base de una democracia que quiere ser plena.