Escribe Gustavo Billarruel
Hay decisiones diplomáticas que pasan casi desapercibidas. Otras, en cambio, dejan una marca difícil de ignorar porque interpelan directamente los valores que un país dice defender.
La votación realizada el 25 de marzo de 2026 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pertenece claramente a ese segundo grupo.
Ese día, el organismo aprobó una resolución que reconoce la trata transatlántica de africanos esclavizados y el sistema de esclavitud como uno de los crímenes más graves contra la humanidad.
La iniciativa fue impulsada por Ghana con el respaldo de países de África, el Caribe y América Latina.
El resultado de la votación fue contundente. Ciento veintitrés países acompañaron la resolución, cincuenta y dos se abstuvieron y solo tres votaron en contra: Argentina, Estados Unidos e Israel.
La resolución parte de un hecho histórico difícil de discutir. Durante más de cuatro siglos, millones de personas fueron capturadas en África, trasladadas por la fuerza a otros continentes y sometidas a un sistema económico que las convirtió en propiedad.
La trata transatlántica de esclavos desplazó a millones de seres humanos y dejó consecuencias profundas que todavía atraviesan la vida social, económica y política de numerosos países.
Las delegaciones que impulsaron la iniciativa sostienen que reconocer formalmente ese crimen es un paso necesario para fortalecer la memoria histórica, promover la educación y abrir debates sobre reparación y justicia histórica.
La posición del gobierno argentino generó sorpresa y cuestionamientos en distintos ámbitos internacionales, sobre todo por el contraste que plantea con la tradición diplomática que el país construyó durante décadas en materia de derechos humanos desde el retorno de la democracia en 1983.
Porque cuando llega el momento de votar frente al mundo, cada gobierno termina mostrando con claridad de qué lado de la historia decide pararse.
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