Escribe: Gustavo Billarruel
La decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de respaldar la Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo martes volvió a colocar a las universidades nacionales en el centro de la disputa política argentina.
La reunión que mantuvo con rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional no quedó reducida a un gesto institucional: también funcionó como una señal hacia adentro del peronismo y como una respuesta al creciente desgaste social que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
Durante el encuentro, Kicillof pidió a las autoridades universitarias que “salgan a explicar” la situación que atraviesa el sistema educativo y sostuvo que no hay que esperar que “las cosas caigan por su propio peso”. Pero la frase más política llegó después, cuando planteó la necesidad de “construir una salida hacia 2027”.
El mensaje dejó entrever algo que empieza a tomar forma en distintos sectores opositores: la universidad pública ya no aparece solamente como un reclamo presupuestario, sino como uno de los espacios desde donde se busca reorganizar una alternativa política al modelo libertario.
Más allá.de los números
El conflicto universitario lleva meses acumulando tensión. Rectores, docentes y estudiantes vienen denunciando el deterioro salarial, el atraso presupuestario y las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
En muchas universidades nacionales ya se habla de recortes en investigación, suspensión de programas y complicaciones para afrontar gastos básicos.
La nueva movilización buscará volver a instalar ese escenario en la calle, pero también medir el nivel de respaldo social que todavía conserva la defensa de la educación pública.
Contexto político
La protesta llega además en un contexto especialmente sensible para el oficialismo. Las denuncias judiciales que rodean al jefe de Gabinete Manuel Adorni, las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y el impacto de distintos indicadores económicos empiezan a erosionar el clima político que el gobierno había logrado consolidar durante sus primeros meses.
A eso se suma una realidad social cada vez más visible: caída del consumo, endeudamiento de las familias y dificultades crecientes para acceder incluso a alimentos básicos.
En ese marco, las universidades vuelven a ocupar un lugar simbólico dentro del debate público argentino. Históricamente, los grandes conflictos universitarios lograron trascender lo académico para convertirse en expresiones más amplias de malestar social.
Y eso es precisamente lo que distintos sectores políticos parecen intentar reconstruir: una agenda capaz de unir reclamos económicos, sociales y culturales frente al ajuste impulsado por la administración nacional.
Para Kicillof, el escenario también tiene una dimensión estratégica. Mientras el peronismo todavía busca reordenarse tras la derrota presidencial de 2023, el gobernador bonaerense empieza a mostrarse como uno de los dirigentes con mayor capacidad de articulación territorial, institucional y universitaria.
El respaldo explícito a la marcha no sólo fortalece su posicionamiento interno, sino que también lo ubica cerca de uno de los sectores que conserva mayor legitimidad social frente al deterioro económico.
La movilización del martes, entonces, podría transformarse en algo más que una protesta educativa. En un país atravesado por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el desgaste político del oficialismo, la universidad pública vuelve a convertirse en un escenario donde no sólo se discuten presupuestos, sino también el modelo de país que empieza a disputarse hacia adelante.