El reciente asesinato de tres jóvenes mujeres vuelve a estremecer a la sociedad argentina y a plantear una pregunta urgente: ¿qué nos está pasando como país? No se trata de un hecho aislado ni de una tragedia que pueda naturalizarse. Es la expresión más cruda de una violencia estructural que exige respuestas inmediatas del Estado, de los medios de comunicación y de la ciudadanía.
La violencia que no cesa
Cada femicidio deja huellas imposibles de medir: familias destrozadas, amistades en duelo, proyectos de vida interrumpidos. Las tres jóvenes no son una estadística: eran hijas, amigas, estudiantes, trabajadoras. En Argentina, tanto las organizaciones feministas como las estadísticas oficiales coinciden en que la violencia letal contra mujeres y diversidades se mantiene persistente y estructural. Los números no son fríos: detrás de cada cifra hay vidas arrebatadas.
La fecha reciente del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, recuerda la sanción de la Ley Palacios de 1913. Esa conmemoración obliga a mirar con mayor rigor qué falla en la prevención y en la protección frente a estas violencias que persisten con el paso del tiempo.
La complicidad mediática
La manera en que los hechos son narrados también influye. Con frecuencia, los medios reproducen discursos que culpabilizan a las víctimas: “confiaron en la persona equivocada”, “andaban en ambientes peligrosos”, “fue un ajuste de cuentas”. Estos relatos desvían la atención de los agresores y terminan justificando crímenes mediante eufemismos y estigmas.
Revictimizar desde los medios es otra forma de violencia: borra la dignidad de las asesinadas, instala hipótesis no verificadas y oculta el machismo estructural que sostiene estos delitos. La responsabilidad periodística exige cubrir con perspectiva de género y respeto por las víctimas y sus familias.
Reacciones sociales y demandas
La indignación social se expresó en movilizaciones en distintas ciudades del país. Se exigieron investigaciones rápidas y eficaces, pero también transformaciones culturales profundas. La movilización ciudadana muestra que amplios sectores no están dispuestos a naturalizar el horror ni a aceptar explicaciones simplistas que culpabilicen a las víctimas.
Responsabilidades ineludibles
Del Estado: políticas preventivas insuficientes, falta de recursos en refugios y programas de contención, respuestas tardías.
De los medios: necesidad de protocolos que eviten revictimizar y garanticen información verificada con perspectiva de género.
De la sociedad: cuestionar estereotipos, educar en relaciones igualitarias y actuar como testigos activos ante la violencia.
Del sistema judicial y de seguridad: investigaciones transparentes, celeridad procesal y garantías de que los agresores no queden impunes.
Medidas urgentes
Se requiere una política integral: mayor financiamiento en prevención, educación con perspectiva de género desde la infancia, formación obligatoria para periodistas y apoyo a organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias y visibilizan la problemática. La participación ciudadana es clave: acompañar las movilizaciones y no naturalizar la violencia.
Recordar sin morbo, exigir justicia
Nombrar a las tres jóvenes con respeto implica mantener viva la exigencia de justicia sin convertir el dolor en espectáculo. La memoria debe ser compromiso, no curiosidad morbosa.
La pregunta que no podemos eludir
¿Qué nos está pasando como sociedad? Nos atraviesan estructuras culturales, institucionales y mediáticas que aún permiten la reproducción de la violencia. A pesar de décadas de lucha y avances, la respuesta sigue siendo insuficiente. Sin embargo, también existen redes de resistencia: organizaciones, movilizaciones y voces que no aceptan más pérdidas.
Exigir justicia por estas tres vidas truncadas significa transformar las condiciones que permiten que la violencia se repita. No basta con castigar a los culpables: es necesario reconstruir un tejido social que proteja la vida y la dignidad de todas las personas.