El diez de diciembre vuelve cada año como un territorio compartido donde se entrecruzan memoria, derechos y trabajo social. Es una fecha que reúne tres hitos decisivos: la asunción presidencial de mil novecientos ochenta y tres, la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el reconocimiento del Trabajo Social como una profesión esencial en la construcción de políticas públicas. No son efemérides aisladas.
Forman un campo simbólico donde la historia reciente dialoga con las demandas del presente y con los vínculos que sostienen nuestra vida democrática.
La recuperación de la democracia abrió una etapa de reconstrucción institucional después de años de silencio impuesto. Ese regreso al orden constitucional devolvió a la ciudadanía su presencia en el espacio público y permitió recomponer la legalidad que había sido devastada.
El diciembre de mil novecientos ochenta y tres marcó un quiebre entre la violencia estatal y la promesa de un país que volvía a apoyarse en la ley, la participación y el debate. Desde entonces, la democracia se sostiene como una práctica que necesita ser cuidada todos los días.
La conmemoración internacional del diez de diciembre recuerda la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en mil novecientos cuarenta y ocho. Ese documento instaló la dignidad humana como principio universal y se convirtió en una referencia ética capaz de trascender fronteras. En la Argentina, su fuerza se integró a las luchas por memoria, verdad y justicia que la democracia permitió retomar y profundizar.
Los derechos humanos dejaron de ser una consigna de resistencia y pasaron a ocupar un lugar central en la vida pública, como un criterio indispensable para evaluar la solidez institucional del país.
En esa misma fecha se reconoce el Trabajo Social como una práctica profesional que sostiene, muchas veces sin visibilidad, el entramado de las políticas sociales. Es un campo que trabaja en cercanía con realidades complejas, escucha aquello que no siempre aparece en los informes oficiales y construye puentes entre necesidades concretas y respuestas institucionales.
En los barrios, en los hospitales, en las escuelas y en los espacios comunitarios, el Trabajo Social acompaña trayectorias que requieren un Estado presente, sensible y activo.
Mirar el diez de diciembre en el contexto actual implica reconocer que la democracia no avanza por inercia. Se debilita cuando el Estado se retira de sus responsabilidades esenciales y cuando la salud, la educación, la protección de las personas mayores y las políticas de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad pierden prioridad.
Cuando las políticas sociales se deterioran, la promesa democrática se vuelve frágil y los derechos quedan condicionados al esfuerzo individual en lugar de sostenerse en garantías colectivas.
La memoria democrática funciona como advertencia y como guía. Recuerda lo que costó recuperar la institucionalidad y señala lo que se pone en riesgo cuando se desatienden los consensos básicos que permiten sostenerla.
En ese escenario, el Trabajo Social aparece como un actor que vincula a las instituciones con la vida cotidiana y que observa, en primera línea, las consecuencias de las ausencias estatales.
El diez de diciembre invita a pensar la democracia como un proceso en continuidad. No es solo un recuerdo ni una fecha marcada en el calendario. Es una oportunidad para revisar cómo se expresa la igualdad, cómo se sostiene la justicia y cómo se garantiza la participación en la vida pública.
La democracia se fortalece cuando las políticas públicas llegan a quienes más las necesitan, cuando el Estado se afirma como garante de derechos y cuando la sociedad se reconoce parte de un proyecto común. Sin esa articulación, la democracia corre el riesgo de quedarse en la palabra y no convertirse en experiencia.