La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei abre un escenario que excede lo técnico y se adentra en la vida democrática. Desde mi experiencia en un medio autogestionado, escribo sobre lo que significa comunicar en un país que redefine el sentido del trabajo y la vigencia de los derechos.
La reforma laboral que presentó el Gobierno no es una simple modificación normativa. Redibuja las condiciones cotidianas de quienes trabajan y altera un modo de entender la democracia. Entre los sectores más expuestos estamos quienes sostenemos la tarea de informar desde medios grandes, pequeños, comunitarios o recién formados. Lo que está en juego es la posibilidad de contar la realidad sin quedar atrapados en la fragilidad que propone un mercado sin resguardo.
Hablo desde mi recorrido personal y desde el portal que construimos con amigos, un espacio nacido como un sueño compartido y convertido en una herramienta colectiva para aportar algo a la conversación pública. No vengo de grandes redacciones, pero conozco de cerca la vulnerabilidad de quienes ejercemos este oficio. La vi en discursos que nos desprecian, en decisiones empresariales que nos corren del mapa y en políticas que durante años trataron al periodismo como un gasto que podía eliminarse sin consecuencia social.
La derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas profundiza esa mirada. No se trata de un trámite técnico. Es un retroceso que borra reconocimiento, identidad y protección laboral. Y se hace sin debate público, sin escuchar a los trabajadores y sin asumir que los derechos laborales no son una carga sino una estructura esencial de la vida social.
El Gobierno propone esta reforma como un camino hacia la modernización y la libertad económica. Sin embargo, detrás de ese lenguaje aparece otro sentido. Un escenario donde la empresa fija condiciones sin contraparte, donde las jornadas se estiran, la remuneración se flexibiliza y la indemnización se achica. Todo bajo la lógica de un mercado sin límites en el que la estabilidad deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.
Para quienes trabajamos en comunicación, el impacto es más profundo. En los medios comunitarios, alternativos o cooperativos la inestabilidad es parte de la rutina. Muchos colegas dependen de colaboraciones sueltas o proyectos que aparecen y desaparecen. En ese marco, perder derechos no es un ajuste. Es quedar expuestos a decisiones de empresas o gobiernos que pueden avanzar sobre quienes narran la realidad cuando esa narración incomoda.
La precarización del trabajo periodístico no golpea solo a quienes ejercemos este oficio. Golpea a toda la ciudadanía. Cuando informar se vuelve una tarea inestable, el derecho social a la información se debilita y la democracia pierde voz. En un país marcado por crisis profundas, disciplinar al periodismo es una forma de moldear la opinión pública desde la concentración económica. Es también una manera de decidir qué voces merecen seguir existiendo.
Los sindicatos de prensa, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y distintas organizaciones advierten que esta reforma pone en riesgo conquistas que llevaron décadas. El Gobierno sostiene la promesa de una economía más competitiva, pero la historia argentina muestra que esa supuesta competitividad casi siempre se construyó sobre la renuncia de derechos de los mismos sectores. La eficiencia proclamada suele esconder quién paga su costo.
La discusión de fondo no es técnica. Define qué valor tiene la dignidad en la vida colectiva. Define desde dónde pensamos el trabajo y qué lugar ocupan quienes sostienen lo cotidiano con esfuerzo real. Define si este país acompaña a quienes producen, cuidan, enseñan y comunican, o si consolida un modelo donde la fragilidad se acepta como destino inevitable.
Escribo desde un portal que nació como un sueño entre amigos y desde el aprendizaje que me toca transitar, pero también desde la memoria de lo visto y lo sufrido en cada etapa. El desprecio hacia el trabajo comunicacional existió durante mucho tiempo. Hoy se convierte en política pública. Y ante eso no puedo callar. Comunicar es un servicio social esencial. Necesita derechos para existir. Lo que se discute no es una reforma aislada. Es la forma en que este país decide cuidar o abandonar a quienes lo construyen cada día con su trabajo.