Escribe: Gustavo Billarruel
Reflexionar no es pensar mucho, es pensar con dirección. Es frenar el impulso automático de repetir lo que se escucha, de alinearse con la consigna que domina los titulares, de reaccionar desde la bronca o el miedo.
Reflexionar es animarse a preguntar por qué creemos lo que creemos. Es interrumpir esa inercia silenciosa que convierte opiniones ajenas en certezas propias. Y a veces incomoda, porque obliga a revisar contradicciones y a reconocer que no todo lo que suena firme es necesariamente justo.
En ese clima aparece, una vez más, la propuesta de que los menores deben recibir las mismas penas que los adultos.
La frase impacta, parece contundente y transmite una sensación inmediata de orden. Pero detrás de esa aparente simplicidad hay una reforma profunda que afecta a adolescentes, a personas que todavía están en proceso de desarrollo.
No hablamos de conceptos abstractos: hablamos de chicos que podrían ser hijos, hermanos o sobrinos de cualquiera. Por eso el debate no puede resolverse con una consigna.
La Argentina ya fue condenada internacionalmente por haber impuesto penas perpetuas a personas que habían cometido delitos durante su infancia.
Aquella sentencia describió un panorama estremecedor: torturas, falta de atención médica adecuada, ausencia de revisión judicial amplia y hasta la muerte de uno de los jóvenes bajo custodia estatal.
Se ordenó adecuar el régimen penal juvenil a los estándares internacionales vigentes. Esa transformación integral nunca se concretó.
El sistema actual sigue apoyado en una ley sancionada en tiempos de dictadura, con modificaciones parciales posteriores, que permite amplios márgenes de discrecionalidad y no establece un verdadero esquema de responsabilidad penal juvenil orientado a la reinserción.
Durante años predominó la lógica del encierro sin un programa orgánico de resocialización, sin educación intensiva sostenida y sin tratamientos psicológicos adecuados.
En muchos casos, los institutos terminaron funcionando como espacios de mayor deterioro, con malos tratos, vejaciones y escasa diferenciación entre quienes ingresaban por primera vez y quienes ya tenían antecedentes.
Antes de discutir si la edad debe bajar, corresponde preguntarse por qué nunca se construyó un sistema moderno que combine responsabilidad con oportunidades reales de cambio.
Endurecer la respuesta penal sin corregir las fallas estructurales es trasladar el problema, no resolverlo. La experiencia regional muestra que los países donde la responsabilidad penal comienza a edades más tempranas no presentan, por eso, menores niveles de violencia.
No hay una relación automática entre castigar antes y vivir más seguros.
Además, los propios datos revelan que la participación de menores en el total del sistema penal es reducida y que la mayoría de los jóvenes institucionalizados no están allí por delitos graves, sino por situaciones de pobreza, abandono o vulnerabilidad extrema.
Confundir exclusión social con criminalidad organizada simplifica el diagnóstico y alimenta decisiones apresuradas.
La seguridad ciudadana es un derecho legítimo y una preocupación real. Pero no se construye ampliando el castigo sobre quienes aún están en formación ni repitiendo consignas que suenan firmes en televisión.
Se construye con políticas públicas serias, con prevención, con educación, con acompañamiento y con un sistema judicial que articule responsabilidad y derechos.
Bajar la edad de imputabilidad puede dar una sensación inmediata de severidad, pero si no se reforma de raíz el sistema y no se cumplen las obligaciones pendientes, el resultado será más exclusión y menos futuro. Y eso, lejos de protegernos, nos debilita como sociedad.
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