El Mensajero
Opinión

Cuando el castigo reemplaza al Estado

Escribe: Gustavo Billarruel

Hay debates que regresan casi como un reflejo automático frente al dolor social. La baja de la edad de imputabilidad es uno de ellos.

Cada vez que un delito cometido por un adolescente conmueve, aparece la misma consigna: meter presos a chicos de 14 o 15 años como si la cárcel fuera sinónimo de solución.

Escribo esto con bronca, con tristeza y con frustración. Pero también como padre, como tío, como hermano. Y desde ese lugar me niego a aceptar que la respuesta más fácil sea siempre ampliar el poder punitivo del Estado sobre los más jóvenes.

En Argentina, la discusión no es abstracta. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional y establece con claridad que la privación de la libertad debe ser el último recurso y aplicarse por el tiempo más breve posible.

No es una frase romántica: es un mandato jurídico que obliga al Estado a priorizar medidas socioeducativas, no castigos automáticos.

El jurista Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió durante años que el sistema penal no está diseñado para resolver conflictos sociales sino para administrar castigo.

Cuando se amplía su alcance sin transformar las condiciones estructurales, lo que se consolida es un circuito de exclusión. Y el constitucionalista Roberto Gargarella viene señalando que las democracias muchas veces reaccionan endureciendo penas en lugar de discutir desigualdad, distribución y acceso real a derechos.

¿De verdad creemos que un adolescente que creció entre carencias, abandono escolar y ausencia de dispositivos de salud mental va a reencauzar su vida tras el paso por una institución cerrada? ¿O estamos eligiendo no mirar lo que no hicimos como sociedad?

La dimensión de salud mental no es un detalle técnico. La Ley Nacional de Salud Mental plantea un paradigma de derechos humanos y abordaje interdisciplinario. Sin equipos territoriales, sin psicólogos, sin trabajadores sociales, sin dispositivos comunitarios reales, cualquier reforma penal es un gesto vacío.

Se habla de encierro, pero no se explica quién va a acompañar, contener y reconstruir trayectorias.

También hay una pregunta incómoda sobre la capacidad institucional. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, el mapa argentino es profundamente desigual.

¿Existen centros socioeducativos suficientes? ¿Hay presupuesto sostenido? ¿O simplemente se ampliará el encierro en estructuras que ya están desbordadas?

El educador Paulo Freire sostenía que la educación es práctica de libertad. Cuando la escuela expulsa, cuando el club de barrio cierra, cuando el hospital se queda sin recursos y el dispensario no alcanza, el sistema penal termina absorbiendo lo que el sistema social dejó caer. Y eso no es justicia: es fracaso colectivo.

No se trata de negar el dolor de las víctimas ni de relativizar la responsabilidad. Se trata de preguntarnos qué problema queremos resolver y con qué herramientas.

La evidencia comparada muestra que bajar la edad de imputabilidad no reduce de manera significativa el delito juvenil. En cambio, distintos estudios advierten que el ingreso temprano al circuito carcelario aumenta la probabilidad de reincidencia.

Entonces la discusión es más profunda. ¿Queremos un Estado que invierta en prevención, educación y salud pública, o uno que llegue tarde con la patrulla y la celda? ¿Queremos políticas integrales o consignas electorales?

El voto también habla de esto. Cada decisión en las urnas define presupuestos, prioridades y concepciones de ciudadanía. No es un tema aislado: es el modelo de país que elegimos.

Como padre, me duele pensar que la respuesta a un pibe roto sea romperlo un poco más. Como ciudadano, me preocupa que el debate se simplifique en eslóganes. Y como periodista, siento la responsabilidad de interpelar a nuestros lectores: no nos quedemos en la reacción inmediata. Miremos el entramado completo.

Castigar puede dar una sensación momentánea de orden. Pero construir oportunidades exige más tiempo, más recursos y más coraje político.

La pregunta no es si queremos seguridad. La pregunta es qué tipo de sociedad estamos dispuestos a construir para alcanzarla.

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