Escribe: Gustavo Billarruel
La historia política de América Latina no puede comprenderse sin el peso que, desde el siglo diecinueve, ejerce la Doctrina Monroe. Nacida como una advertencia frente a las ambiciones coloniales europeas, aquella consigna terminó convirtiéndose en un principio mucho más profundo y persistente: la autopercepción de los Estados Unidos como garante, juez y, llegado el caso, ejecutor del destino del continente.
Esa lógica, lejos de haber quedado en los manuales de historia, reaparece con fuerza en la situación que atraviesa hoy Venezuela. Lo que ocurre con Venezuela no es un episodio aislado ni una excepción producto de una coyuntura particular. Es la continuidad de una forma de ejercer el poder que se apoya en la idea de que la soberanía de los países latinoamericanos es relativa, condicionada y subordinada a intereses externos.
Bajo distintos discursos, desde la defensa de la democracia hasta la seguridad regional, se legitima una intervención que rompe principios elementales del derecho internacional. La Doctrina Monroe, reinterpretada una y otra vez, funciona como un paraguas ideológico que habilita esa práctica. América para los americanos termina significando, en los hechos, América bajo supervisión estadounidense.
Desde esa lógica, un país que se aparta del rumbo esperado deja de ser un Estado soberano para transformarse en un problema a corregir, incluso por la fuerza.
Venezuela encarna hoy esa tensión de manera descarnada. La injerencia externa se presenta como una solución, como si la autodeterminación de un pueblo pudiera ser reemplazada por decisiones tomadas fuera de sus fronteras. La captura de dirigentes, las sanciones económicas prolongadas, las amenazas abiertas y las acciones unilaterales configuran un escenario donde la legalidad internacional queda relegada frente a la lógica del poder.
Defender la soberanía venezolana no implica idealizar ni justificar las falencias internas de su sistema político. La crítica a los gobiernos debe existir y es necesaria, pero sólo puede ser legítima si surge desde procesos democráticos propios y no desde la imposición extranjera. Cuando una potencia decide intervenir por fuera de los organismos multilaterales, no fortalece la democracia: la debilita.
El mensaje que se envía al mundo es peligroso. Si un Estado poderoso puede violar fronteras, desconocer instituciones y actuar como si estuviera por encima del derecho internacional, entonces el principio de igualdad entre naciones se vuelve una ficción. La soberanía deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio reservado a quienes concentran poder militar, económico y político.
En el trasfondo de esta situación aparecen intereses que nunca son del todo explicitados. Recursos naturales estratégicos, posicionamiento geopolítico y control regional se mezclan con discursos moralizantes que buscan dar legitimidad a lo que, en esencia, es una relación profundamente desigual.
Venezuela vuelve a ocupar el lugar histórico que tantas veces tuvo América Latina: el de territorio intervenido, tutelado y administrado desde afuera.
La Doctrina Monroe, lejos de haber desaparecido, sigue operando como una matriz de pensamiento que naturaliza la injerencia y justifica el avasallamiento. Venezuela es hoy la expresión más visible de ese esquema, pero no será la última si no se cuestiona de raíz esa lógica de dominación.
Para los pueblos de la región, el desafío es doble. Resistir la intervención externa y, al mismo tiempo, fortalecer proyectos democráticos propios que no dependan ni de tutelas ni de imposiciones. La soberanía no se declama: se construye. Y se defiende, sobre todo, cuando el poder pretende decidir por encima de la voluntad de los pueblos.
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