Escribe: Gustavo Billarruel
El escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el cuestionado viaje realizado con su esposa no es solamente una anécdota política ni un episodio menor de la agenda pública.
Tampoco se trata únicamente de discutir si un funcionario puede o no justificar determinados gastos en relación con sus ingresos. El episodio es, en realidad, una postal bastante más profunda de una forma de ejercer el poder.
La discusión no es un viaje: la discusión es la distancia moral entre el discurso y la práctica.
Durante meses, desde el gobierno de Javier Milei se ha construido un relato que presenta al Estado como el gran enemigo. Se lo acusa de ser ineficiente, de sostener privilegios y de vivir del esfuerzo de los argentinos.
Ese discurso ha sido repetido con insistencia por funcionarios, comunicadores y dirigentes alineados con la gestión. Pero cada tanto aparece un episodio que revela otra cosa.
No se trata solamente de una contradicción política. Es algo más profundo: una lógica de poder que desprecia al Estado cuando el Estado es una herramienta para mejorar la vida de la mayoría, pero que lo utiliza sin pudor cuando se transforma en una plataforma de privilegios personales.
El desprecio hacia lo público que se escucha en muchos discursos oficiales no es un rechazo al Estado en sí mismo, sino a un Estado que limite privilegios o que intente equilibrar desigualdades.
En ese contexto, la figura de Adorni se vuelve simbólica. No sólo por este episodio puntual, sino por el lugar que ocupó durante mucho tiempo en la comunicación del gobierno cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
Desde ese rol eligió muchas veces el camino de la descalificación, el sarcasmo y el desprecio hacia periodistas, dirigentes y actores sociales que piensan distinto.
La soberbia discursiva, sin embargo, suele tener un límite: la realidad. Mientras desde los atriles oficiales se habla de sacrificio, de ajuste y de la necesidad de que la sociedad atraviese tiempos difíciles, miles de pequeñas empresas, trabajadores y familias enfrentan un horizonte cada vez más incierto. Industrias que fueron históricas en la Argentina, como Fate, atraviesan momentos de enorme tensión productiva.
A ese panorama se suma la profunda crisis de la histórica empresa láctea Verónica, con plantas paralizadas, salarios impagos y cientos de trabajadores que viven con incertidumbre sobre la continuidad de su empleo.
Para esas personas el debate no es ideológico. Es concreto. Es el trabajo, el salario y el futuro. Por eso, cuando aparecen episodios que exponen privilegios o inconsistencias en quienes predican austeridad, el malestar social se vuelve inevitable.
No porque la sociedad espere perfección de sus gobernantes, sino porque al menos espera coherencia. En política, la credibilidad no se construye con frases ingeniosas ni con ataques desde un atril. Se construye con ejemplo.
Y cuando el ejemplo falla, lo que queda es una pregunta incómoda: si quienes denuncian los privilegios terminan reproduciéndolos, ¿qué diferencia real existe entre el viejo sistema que dicen combatir y el nuevo que prometen construir? La Argentina ya ha visto demasiadas veces esa historia.
Y siempre termina igual: con discursos grandilocuentes y realidades que los contradicen.
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