Escribe Gustavo Billarruel
Hay momentos en la historia en los que un país parece caminar en sentido contrario al mundo. Mientras muchas naciones discuten cómo ampliar derechos, fortalecer marcos laborales, invertir en infraestructura estratégica y proteger sus bienes comunes frente al cambio climático, aquí se avanza sobre conquistas que costaron años de lucha social, científica e institucional.
No es una percepción aislada. Es una sensación que atraviesa cada debate estructural de este tiempo.
La aprobación en el Senado de la
modificación de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares no es un hecho aislado. Es una señal política. Es una definición de modelo. Y obliga a una pregunta incómoda: qué proyecto de país se está votando y qué sociedad se está construyendo cuando se debilitan herramientas creadas para resguardar reservas estratégicas de agua dulce.
La ley de glaciares nació para proteger ecosistemas claves en un territorio atravesado por crisis hídricas cada vez más frecuentes y por el impacto creciente del cambio climático. No fue un capricho ambientalista.
Fue una respuesta a evidencia científica contundente y a conflictos concretos entre comunidades y actividades extractivas. Al redefinir la función hídrica de los glaciares y del ambiente periglacial, permitir la exclusión de cuerpos de hielo del Inventario Nacional y habilitar actividades en zonas extremadamente frágiles, la reforma reduce el alcance de una norma que tenía como eje el principio precautorio.
En un contexto de calentamiento global, cuando los glaciares retroceden en todo el planeta, flexibilizar su protección no es neutral: es una toma de posición.
Un glaciar no es una postal. Es un sistema que regula caudales, alimenta ríos, sostiene humedales, bosques, economías regionales y el acceso al agua de millones de personas.
Cuando se altera, el impacto no queda en la montaña. Baja por las cuencas, atraviesa pueblos, condiciona producciones y compromete generaciones. Cuando el daño ocurre, no hay tecnología capaz de restituir un equilibrio perdido durante siglos.
En un escenario internacional donde incluso potencias industriales debaten la transición energética y la necesidad de resguardar ecosistemas estratégicos, Argentina parece discutir cómo flexibilizar límites para acelerar la explotación de recursos.
La discusión no se agota en los glaciares. Asoman el litio, los minerales críticos, los hidrocarburos no convencionales. La transición energética es indispensable, pero no puede convertirse en una coartada para profundizar un extractivismo primario sin planificación soberana ni controles ambientales firmes.
Desarrollo no es sinónimo de desregulación. Crecimiento no es sinónimo de entrega.
El alineamiento automático con agendas externas, incluso con figuras como Donald Trump, refuerza la sensación de una política exterior que prioriza señales ideológicas por encima de estrategias nacionales de largo plazo.
En un mundo donde la geopolítica del agua, la energía y los minerales es cada vez más compleja, actuar sin una hoja de ruta propia implica riesgos que no siempre se perciben en el corto plazo, pero que pesan durante décadas.
También hay una dimensión democrática que no puede soslayarse. Si amplios sectores de la ciudadanía acompañan este rumbo, corresponde preguntarse por qué. Cansancio, hartazgo con gestiones anteriores, crisis económica persistente, desconfianza institucional.
Nada de eso es menor. Pero una cosa es exigir cambios y otra muy distinta es desmantelar marcos de protección ambiental y social que funcionan como resguardos frente a abusos estructurales. El voto es legítimo. Las consecuencias también.
Los retrocesos en derechos rara vez se presentan como tales. Se envuelven en discursos de eficiencia, modernización o libertad económica.
Sin embargo, cuando se debilitan controles, cuando se flexibilizan estándares ambientales, cuando se relativiza el valor estratégico del agua en un país atravesado por sequías históricas, el costo termina siendo colectivo. Y casi siempre lo pagan primero los territorios más vulnerables.
Qué país quedará después de este ciclo político es una incógnita. Lo que sí parece claro es que reconstruir marcos normativos, recomponer confianza institucional y restaurar ecosistemas dañados no será tarea sencilla.
La historia argentina demuestra que los procesos de recomposición existen, pero también que dejan cicatrices profundas. Destruir es rápido. Reconstruir exige tiempo, consensos y responsabilidad política.
Defender el agua no es una consigna abstracta. Es comprender que sin ella no hay producción, no hay trabajo, no hay desarrollo posible.
La discusión sobre los glaciares no es técnica ni sectorial: es una discusión sobre el modelo de país y sobre el límite ético de nuestras decisiones. Porque hay bienes que no admiten retrocesos. Y el agua es uno de ellos.