A ocho años de la desaparición del submarino, las familias de los cuarenta y cuatro tripulantes llegan a una nueva fecha marcada por homenajes y dolor, pero también por el cierre definitivo de la causa por espionaje ilegal. La Corte Suprema dejó firmes los sobreseimientos de Mauricio Macri y exautoridades de la AFI, mientras continúa la búsqueda de justicia en instancias internacionales.
El país vuelve a mirar hacia el mar en este nuevo aniversario de la desaparición del ARA San Juan. Ocho años después, el recuerdo de los tripulantes se impone con fuerza en cada homenaje y en cada gesto de sus familias, que sostienen un reclamo que nunca encontró una respuesta completa por parte del Estado. La madrugada del quince de noviembre de dos mil diecisiete marcó un quiebre que todavía duele, y que deja al descubierto una deuda que la Argentina arrastra desde entonces.
En este aniversario, el impacto de las decisiones judiciales recientes volvió a ocupar el centro de la escena. La Corte Suprema de Justicia cerró definitivamente la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes, al rechazar los recursos presentados por la querella por un defecto formal que no fue detallado. Con esa resolución, quedó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri, de los exdirectores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y de otros exagentes del organismo. El máximo tribunal evitó analizar el fondo del caso y dejó sin revisión las denuncias que apuntaban a tareas de inteligencia sobre las familias en el período posterior al hundimiento.
La decisión profundizó el malestar de los familiares, que consideran que la justicia no investigó con la seriedad necesaria. Aseguran que el seguimiento del que fueron víctimas nunca fue esclarecido y que esta resolución consagra un cierre sin verdad ni responsabilidades. La abogada querellante Valeria Carreras pidió que la Corte precise cuáles fueron los supuestos errores formales que motivaron el rechazo, al advertir que la falta de fundamentos concretos habilita la posibilidad de una denegación de justicia.
Las denuncias originales señalaban que entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho la AFI recolectó fotos, registros de actividades y monitoreo de redes sociales de los familiares. En dos mil veintiuno, el juez Martín Bava procesó a Macri y a los exfuncionarios por considerar que las maniobras no tenían justificación institucional. Un año más tarde, la Cámara Federal de Comodoro Py revocó esa decisión al entender que algunas acciones podían encuadrarse dentro de la seguridad presidencial. La Cámara de Casación confirmó ese criterio y sostuvo que la información había sido obtenida de fuentes públicas.
Con el fallo de la Corte, ese tramo de la causa quedó cerrado en la órbita local. Sin embargo, los familiares del ARA San Juan ya anunciaron que avanzarán ante organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir que sus denuncias sean revisadas en un ámbito que garantice imparcialidad y una evaluación de fondo.
Mientras tanto, sigue adelante la causa que investiga las responsabilidades por el hundimiento del submarino. Ese expediente avanza hacia un juicio oral que se realizará en la provincia de Santa Cruz, donde se volverán a analizar decisiones políticas, fallas operativas y omisiones que pudieron haber marcado el destino del navío.
A ocho años de aquella tragedia, los familiares mantienen viva la memoria de sus seres queridos y sostienen un reclamo que ya forma parte de la historia reciente del país. Entre homenajes, marchas silenciosas y reclamos persistentes, buscan que la verdad finalmente salga a la luz y que la justicia llegue en un país que todavía debe respuestas para cerrar una herida que atraviesa generaciones.