Escribe:: Gustavo Billarruel
Escribo desde el enojo. Desde el cansancio. Desde una tristeza profunda que no se disimula con discursos técnicos ni con comunicados fríos. Tengo una discapacidad, tengo cuarenta y tres años y lo que estoy viviendo hoy, sinceramente, nunca pensé volver a vivirlo en la Argentina.Javier Milei, una vez más lo hiciste.
Otra pálida. Otro golpe directo. Otra decisión que cae siempre sobre los mismos cuerpos. Quitar pensiones con criterios erróneos, con argumentos poco creíbles, con evaluaciones que desconocen la realidad cotidiana de las personas con discapacidad no es ajuste: es violencia institucional. Es una política que lastima.
Desde que este gobierno asumió, no dejamos de recibir negativas. Todo es retroceso, pérdida e incertidumbre. Se rompió lo poco que costó décadas construir. Se desarmó sin pudor un enfoque de derechos para volver a mirarnos como objetos de asistencia, como sujetos pasivos, como si nuestra vida dependiera de la caridad del Estado y no de derechos conquistados.
El traspaso de la Agencia Nacional de Discapacidad al ámbito del Ministerio de Salud no es una decisión administrativa más. Es un mensaje político claro. Volvemos al modelo médico. Volvemos a ser vistos como pacientes, como problemas a corregir, como gastos a recortar. Dejamos de ser personas plenas de derecho para volver a ser casos.
Esto contradice de manera directa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina adhiere. Una convención que no es un papel decorativo, sino un compromiso del Estado para garantizar el acceso a la educación, al trabajo, a la información, a la vida independiente, a la participación comunitaria y a la accesibilidad en todas sus formas. Nada de eso es un privilegio. Todo eso es derecho.
¿Quién se hace cargo de este retroceso? El Poder Ejecutivo, sin dudas. Pero también el Congreso, que mira para otro lado. También quienes apoyan estas medidas. También quienes están cómodos mientras a otros nos quitan lo básico para vivir con dignidad.
Duele. Duele mucho. Porque amo este país. Porque creímos que algunas discusiones estaban saldadas. Porque sabemos lo que significa vivir sin reconocimiento, sin voz y sin autonomía. Porque ya pasamos por ahí y no fue hace tanto.
Me pregunto cuál es el límite. Hasta dónde. Para cuándo. Todavía quedan años de este gobierno y el miedo no es exagerado, es real. Las personas con discapacidad vivimos con la angustia constante de perder lo poco que tenemos, mientras se habla de libertad desde escritorios que jamás conocieron la exclusión.
No queremos inclusión vacía. Queremos reconocimiento. Queremos ser considerados sujetos plenos de derecho, como cualquier otra persona. Queremos decidir sobre nuestras vidas. Queremos participar, trabajar, estudiar y vivir sin que el Estado nos vuelva a empujar al margen.
Esto no es ideología. Es humanidad. Es dignidad. Es memoria.
Y también es responsabilidad colectiva. Callarse hoy es ser cómplice mañana.